Una gran cantidad de vecinos de las localidades del norte provincial Avellaneda y Reconquista, de donde la cerealera Vicentin es oriunda, se movilizó este martes por la tarde-noche en rechazo de la decisión del gobierno nacional de intervenir la empresa y luego avanzar con la estatización si el proyecto prospera en el Congreso de la Nación.

En esa zona la firma agroexportadora tiene su sede central desde hace 90 años y sostiene a gran parte de la actividad económica con empleo directo e indirecto. Por eso la medida anunciada por el presidente Alberto Fernández hizo saltar a buena parte de la población,al punto de que fueron a buscar al sub interventor, Luciano Zarich, al hotel. De allí tuvo que salir custodiado por las agresiones. La convocatoria fue convocada por redes sociales por vecinos pero también por la dirigencia cambiemita, el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín, quien mostró activa participación como un virtual. Todos llamaron a "defender a Vicentin", como si la empresa que activa sus economías estuviera en peligro en manos del Estado y no en manos de su directorio actual, investigado por vaciamiento y fuga de activos a través del default más grande de la historia santafesina.

Las voces críticas lo colocan como un virtual vocero de la firma que se encuentra desde principios de año en concurso de acreedores por un default de unos 100.000 millones de pesos a 2.638 acreedores. Incluso se sospecha sobre el otorgamiento de multimillonarios créditos que recibió del Banco Nación en la gestión de Mauricio Macri, de quien la firma santafesina fue principal aportante en las últimas elecciones.

El senador radical Orfilio Marcón, del departamento General Obligado, donde se encuentran ambas ciudades también defendió con firmeza a la empresa como si fuera un empleado directo. “Se pretende que el Estado nacional respete el estado de derecho, y Vicentin va a honrar desde el primera hasta la última deuda que tiene, entregó el avión que tenía, y si tiene que entregar más patrimonio lo seguirá entregando. Pero no se está de acuerdo que lo privado pase a manos del Estado”.