La inteligencia artificial (IA) está marcando un antes y un después en el ámbito laboral, pero también está transformando los sistemas institucionales que han regido la sociedad durante el último siglo. La Justicia no es la excepción. Al contrario, en este contexto los requerimientos a los que ella se enfrenta son dobles: por un lado,  la necesidad de adaptarse para ser más ágil, efectiva e igualitaria; y por el otro, la obligación de regular el uso de estas tecnologías disruptivas que ya están desintegrando estructuras tradicionales, desde la educación hasta las campañas electorales.

Po el momento las respuestas de la justicia argentina en estos dos sentidos han sido insuficiente. En términos de adaptación, poco o nada ha cambiado en su aparato burocrático, lo que retrasa la implementación de procesos más eficientes y transparentes. En cuanto a la regulación de las nuevas tecnologías, los esfuerzos han sido escasos y llegan tarde, apenas tocando problemas tangenciales como la generación de "deepfakes" o la vulneración de la identidad mediante IA, sin ahondar en una regulación integral.

A nivel regional, países como Brasil han dado pasos significativos al desarrollar planes estratégicos para integrar la IA de manera sostenible. Brasil no solo ha lanzado un plan nacional de IA con inversiones millonarias, sino que también ha aprobado legislación específica para regular estas tecnologías, buscando garantizar que se respeten los derechos humanos y se promueva la transparencia. El abierto enfrentamiento con la red social X es un ejemplo de esto.

En Argentina, uno de los principales referentes en este ámbito es David Mielnik, abogado y fundador de Inteligencia Legal. Mielnik resalta la potencialidad de la inteligencia artificial en el ámbito legal y asegura que su aplicación "es una oportunidad para acelerar la toma de decisiones judiciales, sin obviar ningún detalle, permitiendo que los abogados estén más cerca de sus clientes y no atrapados en un laberinto burocrático". 

“entrenar los otros mismos los abogados algoritmos con propósitos jurídicos digamos no por encargándolos con información jurídica y buscando a través de ellos potenciar digamos el análisis que podemos dar de un fenómeno como es el derecho que se está convirtiendo cada vez más rápido en un fenómeno de Big Data es imposible que un intelecto humano por sí mismo puede abarcar toda esa información que por ahí hace 20 30 40 años uno podía tomarse el tiempo de estar una tarde actualizándose en jurisprudencia hoy la actividad de los datos nos lleva que necesitemos este tipo de herramientas para poder estar a la altura del desafío que nos pone la sociedad”, planteaba hace unos meses en una entrevista. 

Sin embargo, no todo es tan sencillo: “no estamos todavía de dos seguros que podamos confiar en la información que depositamos lo que nos dice el programa no sabemos si es como se llama hoy en día una alucinación que eso nos lleva a que tenemos que verificar todo lo que una herramienta nos dicen ese es un riesgo de la alucinación y el otro es que no sabemos qué están pasando con esos datos que nuestros clientes o cuando trabajamos en tribunales se nos confía con mi información privada con mi información a en cuidado con los derechos más importante de las personas y que uno se cede a una herramienta comercial que vive en la nube y no sabe adonde terminan esos datos”.

Si bien la IA no puede reemplazar el juicio humano, sí puede ofrecer una alternativa para optimizar el proceso judicial y garantizar que se cumpla el principio de igualdad ante la ley.

A modo de ejemplo, compartimos con ChatGPT el fallo completo de la CSJNA para que lo analice y nos brinde una mirada jurídica del mismo. La respuesta fue la siguiente: "la Corte se limita estrictamente a los aspectos formales, sin abrir la instancia extraordinaria que hubiera sido necesaria para tratar la relevancia institucional del caso. Este enfoque refleja una tendencia a evitar discusiones sustantivas sobre el contexto político e institucional, que es precisamente donde se encuentran los conflictos más complejos y relevantes". 

Claro que esto no es prueba de nada, pero si un chat no entrenado en búsqueda de jurisprudencia puede ofrecer una mirada congruente, es claro que el horizonte que se le abre al sistema judicial con la incorporación de software entrenados para el análisis y la búsqueda de jurisprudencia es amplio y complejo. Nuevamente el debate que se abre es por el quién. ¿Quién se va a ocupar de esta incorporación en el sistema judicial que está a la vuelta de la esquina? ¿Será algo en lo que el Estado piense y pretende desarrollar o se dejará en manos de desarrolladores privados? La moneda está en el aire.