El juez Marcelo Bailaque, que sobreseyó y liberó en septiembre pasado a los cinco imputados de la causa Gerardo Pichón Escobar, decidió apartarse de la causa con el argumento de que no puede seguir interviniendo cuando la Cámara Federal de Apelaciones no dio lugar a su medida.

El caso refiere al joven empleado de la Dirección de Parques y Paseos municipal que en agosto de 2015 fue a bailar al after La Tienda, en Tucumán al 1100, y desapareció para reaparecer muerto y flotando en el río Paraná una semana más tarde.

El magistrado remitió la causa al juez federal Carlos Vera Barros, y explicó en su resolución que no puede continuar interviniendo cuando “se tiene la certeza de que los imputados no tienen vinculación y la Cámara anuló el sobreseimiento con la falta de mérito”.  

Ahora el juez Vera Barros deberá definir si toma o rechaza la causa. Pero mientras tanto, la querella ya anticipó que vio con buenos ojos la elección de este magistrado, ya que “la causa que lleva adelante sobre la muerte de Franco Casco no tuvo trabas ni decisiones arbitrarias como la parcialidad hacia los imputados como tuvo Bailaque, cuando hay pruebas contundentes sobre su participación”, aseveró el abogado de la familia Nicolás Vallet a Rosarioplus.com.

Según estimó el abogado de la familia Escobar, “es la mejor decisión que tomó hasta ahora en la causa, porque perjudicó el avance con el sobreseimiento, no profundizó en la investigación, y no remitía el expediente a la Fiscalía para que investigue”. Sin embargo destacó que por estas semanas “por primera vez la causa avanza, ya que el fiscal Federico Reynares dispuso medidas pendientes sobre las pruebas y comenzó a tomar declaraciones testimoniales, así como la propia Cámara de Apelaciones mandó a investigar exámenes médicos pendientes y la georreferencia del celular de Pichón”. Algunas disposiciones se atrasarán, ya que necesitan la aprobación del próximo juez a cargo.

Ya la querella y el propio fiscal de Cámara Claudio Palacín habían solicitado el apartamiento de Bailaque en septiembre pasado tras su disposición de sobreseer a los cinco imputados, pero la Cámara de Apelaciones no lo aceptó. “El juez dejó pasar como dos meses, y justo a fin de año decidió apartarse cuando pudo haberlo hecho con tiempo para que quede en manos de otro juez y avance la causa”, estimó el letrado.

Un año y cuatro meses después de la desaparición y muerte del joven empleado municipal, la querella observa que no avanzó más que cuando la causa estuvo en la Justicia provincial, y fustigó que “el paso del tiempo entorpece las pruebas médicas sobre el cráneo y los testículos, que no se sabe en que estado se encuentran aún, así como en las pericias sobre qué pasó con la media hora de cinta borrada en las dos cámaras de privados que registraron la madrugada en que Pichón desapareció al salir del bar La Tienda”.

La estrategia de la defensa es instalar la idea de que Pichón al salir del boliche La Tienda deambuló por la ciudad, subió a un colectivo y caminó por calles del barrio Pichincha, según adelantó Vallet.