Una fiesta electrónica que se realizó este fin de semana en un club de campo de la localidad de Armstrong quedó en el ojo de la tormenta y en medio de un conflicto entre Provincia y la municipalidad local, con probables derivaciones legales. Sobre todo porque el escándalo se agravó a partir de la descompensación de una mujer de 30 años que asistió a la fiesta y ahora está internada en un sanatorio con una sobredosis de metanfetamina consumida en dicho encuentro.

La joven se encuentra en coma farmacológico y con un edema cerebral, internada en el sanatorio de San Luis y Pueyrredón. 

El subsecretario provincial de Seguridad Preventiva, Diego Llumá, apuntó al municipio local. "El evento se hizo con una habilitación trucha. Nosotros ya habíamos informado a la Justicia que se iba a realizar ese encuentro masivo sin la debida habilitación, por las circunstancias sanitarias", dijo el funcionario.  

Para colmo, aseguró, el cupo inicial de 800 personas fue superado y la organización vendió 1200 entradas. 

La cita fue en un predio rural para eventos llamado La Fermina, y contó con la presentación del DJ inglés Nick Warren como principal atractivo.

"Se vendieron 1.200 entradas. La habilitación trucha que otorgó el municipio era para 800 personas. Nos enteramos de esta situación con anticipación, 24 horas antes porque los organizadores tuvieron la desfachatez de contratar servicios de policías adicionales para una fiesta electrónica, que contraviene todas las regulaciones sanitarias para la contención del covid”, indicó Llumá por LT8.

 

 

“Las fiestas electrónicas no son racionalmente posibles en el marco de una pandemia. Hubo una habilitación trucha que va en contravención del marco legal de la pandemia. Hay habilitación, pero es como si yo quisiera habilitar el homicidio. El municipio puede querer habilitar una actividad que es un delito, pero la policía notificó que al Ministerio de Seguridad y dimos parte a la Justicia, es decir al fiscal de Flagrancia quien a su vez informó anticipadamente al fiscal Regional sobre la realización de esa fiesta”, agregó.

Llumá se quejó de que la respuesta judicial que recibieron ante sus advertencias fue "dilatar todo: Desde Fiscalía nos decían que lo estaban evaluando. Esas son las respuestas que toma una persona cuando no quiere tomar una decisión. Veinticuatro horas antes y durante la realización del evento, nosotros monitoreamos lo que ocurría y le fuimos informando al fiscal. La policía consultó en dos oportunidades al fiscal sobre los pasos a seguir. Todo está documentado. Una de las consecuencias de todas las actividades ilegales que se dieron en la fiesta fue la intoxicación de una mujer", señaló