Rosario planta bandera y marcha por los derechos cannábicos
La convocatoria local se suma a una jornada global que reclama el fin de la criminalización del cannabis. Con foco en la reforma de la ley de drogas y el retroceso en el acceso a derechos, organizaciones denuncian persecución, trabas burocráticas y políticas represivas que afectan a usuarios, cultivadores y emprendimientos.
Rosario volverá a movilizarse este sábado en el marco de la Marcha Mundial de la Marihuana (MMM), una convocatoria global que reúne a comunidades cannábicas, activistas, organizaciones sociales y usuarios. En la ciudad, la concentración será a las 13 en plaza San Martín, y la marcha partirá a las 15 rumbo al Parque Nacional a la Bandera, donde habrá recitales, DJs, lectura de documentos, mesas informativas y la tradicional feria de emprendedores cannábicos.
Con la consigna central “Por una nueva ley de drogas con perspectiva de derechos humanos. ¡Basta de personas presas por marihuana!”, la movilización de este año pone el foco en la necesidad de reformar la Ley de Drogas 23.737, vigente desde hace más de 35 años. Desde la Asamblea Cannábica de Rosario denuncian que esta normativa continúa criminalizando el uso, la tenencia y el cultivo de cannabis, afectando principalmente a los sectores populares, feminizados y racializados.
Legislación desactualizada
“Mientras otros países avanzan hacia modelos de regulación legal basados en la salud pública y los derechos humanos, Argentina se mantiene anclada en un paradigma punitivo sin resultados”, expresaron desde la organización. Es que a pesar de que existen leyes específicas para el cannabis medicinal (Ley 27.350) y el cáñamo industrial (Ley 27.669), los organizadores explican que las trabas impuestas por el gobierno nacional en organismos como Reprocann, INASE y Ariccame dificultan el ejercicio efectivo de esos derechos y el desarrollo de la industria.
Así, la marcha también busca visibilizar cómo el actual enfoque represivo impacta en distintos sectores: jóvenes de barrios populares detenidos por tenencias mínimas, mujeres cultivadoras perseguidas por tareas de cuidado, personas usuarias terapéuticas criminalizadas pese a estar registradas, comunidades indígenas judicializadas por prácticas ancestrales y personas trans, no binarias y disidentes que encuentran en el cannabis una herramienta de salud y sustento.
Una foto local
En Rosario, las organizaciones advierten sobre un retroceso en materia de derechos vinculados al cannabis, tanto en el acceso a la medicina como en el desarrollo de la industria. Emanuel Ramírez, presidente de la Cooperativa de Trabajo Cannabis Argentum, señaló a RosarioPlus: “Desde que está el gobierno de Javier Milei lamentablemente hay restricciones para lo que es el Reprocann, pero además hay incertidumbre entre las empresas y cooperativas que venimos invirtiendo, trabajando y desarrollando toda una industria que hace a la cadena productiva del cannabis. Hoy los ensayos están en peligro porque el 31 de mayo vencen las licencias y el gobierno no está permitiendo renovar aquellas que ya han sido otorgadas. Por un lado se está destruyendo la producción y por otro es difícil acceder a la medicina”.
Ramírez también remarcó la necesidad de modificar la Ley 23.737: “Se siguen realizando allanamientos a personas que tienen pequeñas cantidades de cannabis, incluso con autorización. Si se quiere reducir el daño generado por las drogas, no hay que prohibirlas sino regularlas. 9 de cada 10 muertes vinculadas a causas de drogas en el cono sur son por la cadena intermedia y no por el abuso de alguna sustancia. El real daño que genera el cannabis no tiene que ver con el uso sino con la cadena de comercialización”.
En la misma línea, Silvia Inchaurraga, secretaria general de ARDA, destacó: “La marcha nació en Rosario allá por 2002 y hoy ha crecido y convoca no solo a organizaciones llamadas cannábicas sino también a ciudadanos interesados por la problemática. La ley sigue penalizando a aquel que tiene droga en pequeñas cantidades para su propio consumo o tiene una planta. Uno de los temas claves para reflexionar es que el Reprocann lamentablemente ha terminado siendo una forma para que muchas personas intenten sobrevivir a los problemas que trae la ley de drogas camuflándose como usuarios medicinales. Nuestro principal reclamo es la reforma de las políticas públicas y poder avanzar con la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Hay que lograr que los usuarios recreativos no estén expuestos a la persecución policial y a la mano punitiva del Estado sobre sus conductas individuales. Vemos que hay un retroceso vinculado a la aplicación de la ley, con detenciones e incautaciones de pequeñas cantidades para consumo personal. La mirada punitivista vuelve a presentarse como la falsa solución al problema del narcotráfico y la inseguridad”.
Por su parte, Paula Sarkissian, integrante de la Casa de las Flores, afirmó: “Estamos viviendo la avanzada de las políticas anti derechos y esto también se expresa en los usuarios y productores de cannabis. En el contexto local, según las declaraciones del propio Javier Milei estamos en la ‘ciudad del narcotráfico’. El gobernador insiste en asociar los problemas de seguridad a problemas de conducta relacionados al consumo, lo que entendemos como una maniobra para demonizar el consumo de marihuana y vincularlo a un delito”. Y advirtió: “Nos preocupa profundamente el hostigamiento policial, especialmente sobre sectores vulnerables, donde se aplica la portación de cara y de color. Parar, pedir documento y detener está siendo un modus operandi de la policía con el objetivo de meter miedo. A esto se le suma el silencio total de las autoridades provinciales”.
Principales demandas
Entre las principales demandas, la comunidad cannábica exige una nueva ley de drogas integral, basada en derechos humanos, salud pública, perspectiva de género y justicia social; amnistía general y reparación histórica para quienes fueron criminalizados por marihuana; la retroactividad de la Ley 27.350 con sobreseimientos, cancelación de antecedentes penales y compensación económica; una regulación federal, cooperativa y comunitaria del cannabis; reconocimiento del trabajo digno en el sector; acceso gratuito a estrategias de reducción de riesgos y daños; capacitación obligatoria con enfoque en derechos humanos para fuerzas de seguridad, el Poder Judicial y el Ejecutivo; y la producción y difusión pública de información científica, empírica y culturalmente situada sobre todas las sustancias.