El fiscal general de la provincia Jorge Bacclini, deisgnó "inteinamente y por el término de tres meses" a María Eugenia Iribarren como fiscal regional, cargo que hasta hace pocos días ocupó el imputado y detenido Patricio Serjal. Rosario se convierte en la primera de las cinco regiones en ser encabezada por una mujer.

La semana pasada, Baclini había anticipado la posibilidad de que fuera una mujer la elegida para el cargo. El fiscal general contó en su día que tuvo varias entrevistas con las candidatas. "Queremos abrir una puerta, hay mujeres con condiciones que pueden darnos perspectivas diferentes", dijo. Este jueves llegó la confirmación oficial.

Iribarren ya había reemplazado a Serjal cuando el ex fiscal tomó licencias. Casualmente, es una de las investigadoras que lo acusó de ser parte de un esquema delictivo en el que también participaba el fiscal suspendido Gustavo Ponce Asahad.

La nueva jefa de los fiscales de la región toma el cargo por 90 días, y vencido ese plazo el cargo podrá renovarse "o se llevará a cabo una rotación entre los/las fiscales" de la Circuscripción, comunicó Baclini. 

La trayectoria de la Iribarren incluye diez años de fiscal de primera instancia en el viejo sistema penal y diez años de Fiscal de Cámara. Actualmente es jefa de la Agencia de Criminalidad Organizada. Intervino, por ejemplo, en el juicio a la banda Los Monos y en el del triple crimen de Villa Moreno.

Fiscales presos

Esta semana Patricio Serjal quedó detenido al ser acusado de ser parte fundamental en un plan para recaudar dinero de manera ilegal a cambio de protección judicial. En la audiencia se mencionó el "interés muy particular en el juego clandestino" que demostraba el ex jefe de la Circunscripción. 

Leonardo Peiti es el empresario del juego que reveló como arrepentido las coimas que pagaba a Serjal y a Gustavo Ponce Asahad, también detenido.

La causa referida es una balacera en la propiedad de Servando Bayo al 1100 junto a una pintada sugestiva que decía "Leo pagá", en clara alusión a Peiti. Serjal habría recomendado a una fiscal evitar llamar a declarar al empresario. Pero también “hubo al menos tres fiscales que recibieron indicaciones directas de Serjal en cuanto al rumbo de las investigaciones”.

De esta forma, se deduce que el ex fiscal buscaba controlar los expedientes y desviarlos para un sentido, servicio ilegal por el cual los acusan de cobrar unos 4.000 dólares mensuales.