A cuatro meses de su sanción, el Ejecutivo Municipal sigue sin reglamentar la ordenanza que formaliza y regula la actividad laboral de quienes realizan tareas de carga y descarga de equipajes en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. En este marco, los trabajadores advierten dilaciones en el trámite y denuncian que, desde el mes de enero, el municipio se queda con todo el dinero recaudado en concepto de canon cobrado a las empresas.

"Están dando vueltas para reglamentarla. Ellos están cobrando desde el mes de enero. Ya ha pasado un tiempo prudencial y no estamos recibiendo nada. No podemos tener obra social ni jubilación. Nosotros hemos cumplido con todo: nos pidieron matrícula, cursos, certificado de buena conducta. Hicimos todo lo que dijeron que había que hacer", explicó a RosarioPlus José Luis Donato, presidente de la Cooperativa de Maleteros.

Y agregó: "Han aumentado tres veces lo que estaban pagando las empresas de transporte. Gracias a nosotros se enteraron que desde 1995 no se actualiza el monto que se abona por el Derecho de uso de plataforma. En la nota que presentaron a las empresas anunciando el incremento, se especifica que el 20 por ciento está destinado a los maleteros. Eso no está pasando. No sabemos dónde va el dinero, es un bochorno. Ellos lo retienen y no sabemos para qué ni por qué".

En este sentido y en la previa de los Juegos Suramericanos de la Juventud que comenzarán en Rosario hacia fines de abril, Donato explicó que desde el municipio se contactaron solamente para solicitar presupuestos para la compra de uniformes. "Dijimos que sí siempre y cuando hablemos de contratos, porque ni siquiera tenemos vestuarios para cambiarnos. Quieren los uniformes porque nosotros somos los que recibimos a los visitantes", subrayó.

Cabe señalar que la ordenanza sancionada en diciembre del año pasado -tras una larga lucha de los trabajadores del sector- establece que la Terminal de Ómnibus Sociedad del Estado debe firmar un convenio con la cooperativa que agrupa a los maleteros, que se va a solventar con el 20% de lo que abonan las empresas de transporte automotor en concepto de derecho de uso de plataforma.