Las formas y los términos que el gobierno eligió para rescindir el vínculo que mantenía con Arssa, la UTE (Unión Transitoria de Empresas) que en 2010 se adjudicó la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe, pueden derivar en una contienda judicial. Para un grupo de legisladores opositores, el estado provincial perdió más de 1.500 millones de pesos por los incumplimientos de la firma en inversiones de infraestructura.

Con el respaldo de informes técnicos de dos facultades de la UNR, denuncian que Arssa sólo repavimentó el 24% de la traza (75 kilómetros de 313), que no respetaron los estándares de calidad exigidos por contrato y que la empresa obtuvo siempre un saldo a favor entre lo recaudado y lo invertido.

Por lo pronto, y ante la exigencia de un fiscal de Estado, el poder Ejecutivo contrató de forma directa a un estudio jurídico y a un ingeniero para que auditar tanto los incumplimientos de Arssa como las formas adoptadas (mutuo acuerdo) para terminar con la licitación.

Como trasfondo del conflicto aparece el rol protagónico que Milicic SA, Laromet SA, Obring SA, Pecam SA, Rovial SA y Vial Agro SA, las empresas incumplidoras de Arssa, tienen desde hace tiempo en la obra pública de la provincia.

A tal punto, que cuatro de estas firmas se presentaron en las dos licitaciones que el gobierno de Santa Fe lanzó en los últimos meses para repavimentar 100 kilómetros de la autopista, un trabajo que ya debía estar hecho por Arssa.

En marzo, dos meses después de que el gobernador Miguel Lifschitz firmase la rescisión con la concesión privada, la provincia confirmó la inversión de 297 millones de pesos para reparar y repavimentar un tramo de la autopista, entre los kilómetros 17 y 55.

Se presentaron siete ofertas, entre ellas las de la UTE Edeca SA,  Obring SA y Rava SA (276 millones); Rovial SA (285 millones) y otra UTE conformada por Laromet SA y Vial Agro SA (248 millones).

Esta última oferta fue la más baja, sin embargo, para evitar un escándalo en puerta, la obra fue adjudicada a la constructora Guerechet, la segunda oferta de menor valor.

El mes pasado, con un presupuesto de 306 millones, el gobierno lanzó una segunda licitación para los kilómetros 99 y 145. Rovial volvió a aparecer en escena ofreciendo sus servicios por la suma de 345 millones. En las próximas semanas se conocerá la firma ganadora.

“Resulta que ahora las mismas empresas que cobraron para repavimentar la autopista y no lo hicieron, son oferentes para que el Estado les vuelva a pagar lo que ya cobraron con el peaje durante 6 años. El Estado no puede permitir que cobren dos veces por lo mismo”, se quejó en su día el diputado provincial Luis Rubeo (h).

En qué andan cada una: Obring y Pecam

Días atrás, el Gobierno anunció con bombos y platillos las obras de ampliación del Aeropuerto de Rosario, que duplicará la plataforma comercial y elevará a ocho el número de posiciones de estacionamiento de aeronaves.

La primera parte de los trabajos, que demandará una inversión de 600 millones de pesos, se adjudicó a una UTE integrada por Obring SA y la firma bonaerense Helport SA, propiedad de Eduardo Eurnekian.

Obring SA ya había sido la encargada de reparar las calles de rodamiento de la pista a fines de 2016,  cuando varios vuelos tuvieron que ser cancelados por graves irregularidades en la carpeta asfáltica.

En su página web cita algunas de sus “obras recientes más significativas”, entre las que se destacan “acueductos, redes cloacales y pluviales en Santa Fe” y la “reconstrucción de los muelles de Rosario sobre el río Paraná, en todo el sector del parque España, una importantísima obra hidráulica”.

Esta firma realizó la emblemática obra del Aliviador III, un conducto de agua muy necesario destinado a evitar las inundaciones en el barrio Ludueña, inaugurado en octubre del año pasado. Su costo final se elevó casi un 400% de su presupuesto original.

Pecam SA se presenta en su portal como de las “más importantes empresas constructoras de la Región Centro liderando y ejecutando proyectos de envergadura icónicos en Santa Fe”. Menciona solo algunos ejemplos: la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, al Aeropuerto Internacional de Rosario, el Nuevo Hospital Iturraspe  y CEMAFE de Santa FE; y el Acueducto Norte 1.

Actualmente, entre sus obras, figura la construcción de 500 viviendas en el ex predio de Tiro Federal, un emprendimiento pionero a nivel urbanístico por la asociación público-privada en la financiación del proyecto.

La empresa quedó en medio de dos graves denuncias en estos últimos años: las adjudicaciones directas para la segunda etapa del proyecto Sueños Compartidos y para un tramo del Acueducto Desvío Arijón. Esta última obra fue objetada hasta por el propio Tribunal de Cuentas.

Las otras cuatro

La lista de clientes de Rovial SA incluye a 17 prestadores públicos santafesinos, entre comunas, municipalidades y áreas de gobierno. La semana pasada, esta firma empezó con los trabajos de pavimentación en un tramo de siete kilómetros de la ruta provincial Nº 63, en el departamento Castellanos. La obra tiene una inversión proyectada de 168 millones de pesos y un plazo de ejecución de 12 meses.

Milicic SA tiene tres importantes obras en ejecución: la construcción de un puente sobre el río Carcarañá y los accesos a la ruta provincial 26; la disposición final residuos Villa Gobernador Gálvez; y la Infraestructura en barrio Villa Moreno de Rosario.

La rosarina Laromet SA y Vial Agro SA, asentada en Tres Arroyos (provincia de Buenos Aires), son las que menos obras tienen actualmente en la provincia de las seis firmas en cuestión, pese a presentarse en casi todas las licitaciones.

Vial Agro SA trabajó en la repavimentación de la ruta provincial N° 1, en el tramo comprendido entre San José del Rincón y la ruta nacional N° 168 (inversión de 220 millones de pesos). Y Laromet SA se adjudicó obras de bacheo en varias rutas provinciales.