La cifra asusta, estremece: 60 chicos menores de cuatro años, muchos de ellos bebés recién nacidos, fueron separados de sus círculos familiares en los últimos dos meses por la vulneración de algún derecho en Santa Fe.

“Tenemos cada vez más casos. El crecimiento preocupa”, reconoce Claudia Aguilera, subsecretaria de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. La funcionaria intenta en una rueda de prensa explicar y contextualizar la muerte de Santino, un bebé de dos meses y medio que falleció estando bajo la custodia del Estado provincial.

La noticia se esparció con la versión de la mamá y de la familia del chiquito. La denuncia sostenía que la mujer había sido “separada de su bebé a la semana de vida sin importar que el recién nacido se encontraba en una incubadora, privándola de poder amamantarlo” y que la medida del Estado había terminado con un “resultado nefasto”.

El caso, en un primer momento, reavivó una grave y muy sensible problemática de la que se habla muy poco: las condiciones de alojamiento de los menores que por decisión judicial se los aleja de sus familias.

Son muchas las denuncias que se acumulan contra el estado provincial en los últimos años por vulnerar los derechos de chicos que, paradójicamente, ya sufrieron la vulneración de algún derecho en su círculo más íntimo.

En febrero, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe difundió un informe que elaboró junto a Unicef Argentina sobre esta problemática. Los resultados fueron lapidarios: hogares con hacinamiento, niños con medidas excepcionales vencidas y serias dificultades para el acceso a la salud, entre otras irregularidades.

El caso de Santino --de una gravedad mayúscula por su desenlace-- parecía enmarcarse en este contexto de extrema vulnerabilidad social, por un lado; y de desprotección y desidia estatal, por el otro.

La reconstrucción de la historia, sin embargo, desnuda con mucha fuerza la primera de las problemáticas. La Justicia tendrá que determinar si el Estado incurrió en algún delito en el cuidado del bebé. Por el momento no hay indicios firmes que avalen esta hipótesis.

Los hechos

Santino Sánchez nació el 24 de septiembre en la Maternidad Martín. Gisella, 29 años, dio a luz a su sexto hijo. Los otros cinco, de 13, 11, 9, 4 y 5 años, están institucionalizados por abusos de su última pareja –el padre de éste último niño--, quién está detenido por estas denuncias. 

Hasta poco, Gisella y sus hijos vivían todos juntos en una vivienda de Juan José Paso y Travesía, en barrio Toba. Una vez detectados los abusos, los chicos fueron alojados en distintos centros de acogida.

Alan y Milagros, los dos más grandes, se instalaron en el centro "Mi Lugar", de Villa Constitución, a cargo del pastor Fernando Amorós. Al poco tiempo se escaparon. La familia difundió la desaparición.

Durante un mes no se supo nada de ellos. El trabajo del fiscal Matías Edery, a cargo de la investigación, permitió desbaratar un “ardid de engaños y mentiras” pergeñado por la familia para evitar que los chicos fueron nuevamente institucionalizados.

Se comprobó que los nenes estaban escondidos en distintos domicilios. Se tomaron un colectivo desde Villa Constitución y regresaron al lugar donde vivían. El fiscal contó que “los movían de lugar” para burlar los allanamientos.

En ese tiempo de búsquedas, de falsas denuncias y de ocultamiento, Gisella cursaba un embarazo avanzado. Ni bien Santino nació, la secretaría de Niñez pidió una orden de protección integral por el “complejo y delicado entramado familiar”.

“La madre fue cómplice de los anteriores abusos. Siempre tuvo plena conciencia de la situación”, explicó la subsecretaria Aguilera. Un juez avaló el pedido y estableció, además, una prohibición de acercamiento contra la mujer.

Según Aguilera, Santino nació con sífilis congénita y con problemas respiratorios, entre otras patologías. Estuvo un mes internado. Con el alta de los médicos fue ingresado a una institución próxima al Hospital de Niñoz Víctor J. Vilela.

El domingo ingresó de urgencia al nosocomio producto de una complicación respiratoria. Falleció horas más tarde por un “shock séptico”, según el informe médico.

Aguilera contó que intentaron comunicarse con la mamá para darle la  dolorosa noticia. Al no ubicarla, un equipo de la secretaría de Niñez fue hasta su casa. El sepelio se realizó este martes en su domicilio. “Se acompañó a la familia en todo momento”, resaltó la funcionaria.

La otra versión

Rosarioplus.com dialogó con Fernando Varano, abogado de los Sánchez, para conocer la otra campana. El letrado detalló que Gisella estuvo al lado de su bebé durante las primeras dos semanas hasta que se libró la orden de alejamiento.

“Ella dice que se bebé estaba en buen estado de salud. La separaron y el domingo la llamaron para avisarle que tenía que buscar el cuerpo porque la criatura había fallecido”, narró.

Gisella y su familia se movilizarán este miércoles hacia los Tribunales para pedir que se esclarezca la muerte de Santino. “Vamos a investigar si existió alguna responsabilidad por parte de quienes tenían su custodia. Si esto fuese así vamos a presentar una denuncia penal contra quién corresponda y una demanda por daños contra el Estado provincial”, aseguró Varano.

“Si el Estado toma la decisión de sacarlo de su círculo íntimo con pocas semanas de vida, no lo puede poner en riesgo. Acá está el tema central del caso”, explicó.