Una nutrida movilización unió este viernes los Tribunales provinciales y la plaza San Martín en repudio al gatillo fácil y toda forma de violencia ejercida por el Estado. Convocó la Multisectorial Contra la Violencia Institucional, arrimó cientos de personas en su mayoría afectadas de manera directa por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, y también militantes de organizaciones de base.

Quedó a la vista de esa manera el criterio selectivo, discriminador, de la violencia institucional puesto que quienes la denuncian pertenecen al mismo estrato social de siempre: pobres, habitantes de barrios populares, la periferia, e incluso jóvenes en mayoría. 

La marcha transcurrió ante la indiferencia del coqueto bulevar Oroño, y hasta incluso el fastidio de algún que otro automovilista.

Así transcurrió la versión rosarina de la 8° Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil, la sexta movilización a nivel local en su tipo.

Bajo la consigna "Donde hubo fuego, luchas quedan", la manifestación culminó con un acto en la plaza en la que se leyó un documento. "Exigimos al Estado que deje de detener arbitrariamente, de hostigar, requisar, de humillar, golpear, manosear, maltratar, torturar en cárceles y comisarías, y de ejecutar y desaparecer personas. La violencia institucional es una de las deudas más importantes de nuestra democracia", planteó el mensaje.

Julieta Herrera (hermana de Jonatan, asesinado por la policía en enero de 2015, en Ayacucho y Seguí), a cargo de comunicar la proclama, abarcó a todas las fuerzas de seguridad, provinciales y federales y penitenciarias, y refirió ejemplos paradigmáticos del flagelo.

Citó el crimen de Carlos "Bocacha" Orellana (26/02/20, en La Fluvial). "Sus familiares y amigues padecieron un sinnúmero de irregularidades y hostigamiento en estos 29 meses de lucha", remarcó. Y agregó las dificultades que enfrentan ante el tribunal que debe dictar nueva sentencia en cuanto al crimen policial de su hermano. Siguió con el caso de Franco Casco (7/10/14, Comisaría 7ª), todavía impune 7 años después. Y la lista se le hizo infinita ante decenas de nombres de jóvenes muertos por mano del Estado armado.

La Multisectorial también cuestionó la designación del policía retirado Rubén Rimoldi como ministro de Seguridad. "Es un gravísimo retroceso en la provincia designar como ministro a un ex comisario y poner en manos policiales la conducción política de la seguridad santafesina. Eso debe ser democrática y respetuosa de los derechos humanos, y eficaces para quienes están más expuestos", señalaron. 

Por otra parte, el planteo denunció que "siguen siendo recurrentes los casos de violencia institucional, torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones. Las fuerzas han profundizado sus prácticas represivas y delictivas en los barrios populares; nos preocupa el fuerte consenso social que legitima este accionar punitivista del Estado", marcó. Es decir, le preocupa a este colectivo que el resto de la sociedad justifique la violencia contra la población pobre y de los barrios. 

El planteo concluyó con una apelación a "no criminalizar la pobreza, no militarizar los barrios". 

En diálogo con RosarioPlus.com, Julieta Herrera meditó luego el estado de situación. "Los barrios son criminalizados y la solución no es con más policías. Venimos acá y se nota la desigualdad que existe, lamentablemente seguimos siendo nosotros quienes ponemos los muertos. Somos personas como todas y tenemos el mismo derecho, pero en los barrios seguimos con ganas de cambiar la realidad", enfatizó.

Violencia contra travestis y trans

De la movilización participó el colectivo travesti trans, que evocó el crimen de odio de la santafesina Alejandra Ironici esta semana y una grave denuncia reciente en boca de su víctima, atacada a golpes el miércoles en la terminal de ómnibus por proxenetas y revictimizada luego por policías. "La Policía es cómplice porque callan la violencia que sufrimos. Las trabajadoras sexuales pedimos alternativas reales para poder dejar de ejercer", reclamó Noelia Pérez.