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La segunda autopsia al cuerpo de María de los Ángeles Paris, la docente que murió en circunstancias oscuras dentro de la Comisaría 10ª, lejos de arrojar luz sobre el hecho sigue sumando capítulos y confusión. Este miércoles, la hija de la bibliotecaria de la escuela Gurruchaga envió una carta al Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia pidiendo que las autoridades y trabajadores del Instituto Médico Legal de Rosario como del Ministerio Público de la Acusación “cesen tanto en la realización de dictámenes, arrogándose facultades que no poseen, y su comunicación en relación a la autopsia”.

Lo que desató la bronca de la hija de Paris fueron las declaraciones radiales que efectuó este miércoles la directora del IML “aseverando cuestiones sobre la reautopsia sin tener ninguna facultad para ello en tanto no fue ni forense a cargo de la autopsia ni perito de parte”. A eso se sumó que, más tarde, desde el área de prensa del MPA se emitió un dictamen donde se negaba que la docente haya muerto en circunstancias violentas.

Para la familia de Paris “resulta cuanto menos incomprensible cómo, a un día de realizada la autopsia, sin los resultados de los exámenes sobre las muestras extraídas, sin realizar un análisis conglobante con el resto de la prueba producida y por producirse dentro del marco de la investigación de esta causa, pueden encontrarse en condiciones de realizar una aseveración con carácter de ‘pseudo dictamen’”.

En el pedido enviado a los jueces penales de Primera Instancia, la hija de la bibliotecaria indicó que la información vertida por el MPA y por el IML es “inexacta” y “producida por quien no tiene ninguna facultad para hacerlo”. Es que en esta segunda autopsia, la dirección quedó a cargo de manera exclusiva de la perito oficial de la Corte Suprema de Justicia de Nación, con la intervención de los peritos de parte.

“La emisión de cualquier Informe u opinión por parte del personal del IML Rosario resulta de una arrogación de facultades que de ninguna manera poseen”, señaló la hija de Paris y también cargó contra el MPA, a cuyos funcionarios acusó de violar “los más elementales criterios de ética profesional”.

“Nuestra familia no sólo ha tenido que soportar la difamación que de mi madre se ha realizado por los medios, sino que también ahora se agregan la falta de seriedad, profesionalismo y ética con la que actúan, quienes deberían abogar por el esclarecimiento de los hechos”, indica la carta y agrega: “Es lamentable decirlo pero da la impresión que están más preocupados por ocultar el mal desempeño de fiscales y del IML que por cumplir con la obligación de garantizar una investigación pronta, eficaz, integral o completa, independiente y objetiva, transparente y ajustada a las reglas éticas y estándares profesionales de los involucrados”.