Un convenio entre la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y la Procuración General de la Corte Suprema de Justicia, posibilita que víctimas de violencia de género sean asesoradas jurídicamente en cada sede, y la Circunscripción de Rosario será la primera.

El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, y el procurador general de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Jorge Barraguirre, pactaron coordinar la atención de víctimas y denunciantes de violencia de género y doméstica, y la solución de conflictos a través de instancias de mediación.

“Cada vez que la Defensoría del Pueblo requiera patrocinio jurídico podrá pedir el concurso de los defensores generales zonales que dispone el Poder Judicial”, precisó Lamberto, y explicó: “Ésto nos ayuda a cumplir la función que hoy tenemos con la nueva legislación que es acompañar a las víctimas que requieran patrocinio. De esta forma podemos comprometernos a dar una asistencia integral a la víctimas que incluye lo jurídico, lo social y lo psicológico”, remarcó.

Barraguirre, por su parte, dijo que este acuerdo “significa contar con equipos interdisciplinarios para poder evaluar el riesgo que presentan las víctimas de violencia. En particular nosotros hemos ofrecido la posibilidad de que las víctimas que se presenten ante los centros de Asistencia a la Víctima (CAV) de las Defensoría del Pueblo puedan contar con la legitimación de nuestros fiscales para poder efectuar sus denuncias ante los tribunales de Familia”.

El proyecto se comenzará a aplicar en Rosario como “caso experimental para el distrito judicial N° 2, y a medida que se vaya afianzando lo extenderemos hacia toda la provincia”.

En qué consiste el convenio

De acuerdo al convenio, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe colaborará con la Procuración General de la Corte en la contención integral de las víctimas de violencia de género, doméstica y su grupo familiar, especialmente en lo que respecta al acompañamiento psicológico y a su reinserción en su medio y modo de vida habitual.

También brindará asistencia en los casos en que aquellas víctimas pretenden retractarse o dejar sin efecto la denuncia; llevar adelante relevamientos o entrevistas en los casos de personas que conozcan hechos de violencia doméstica o de género, cuando las víctimas se encuentren en estado de vulnerabilidad psicológica o física que les imposibilite acudir personalmente.

Un equipo interdisciplinario trabajará en la evaluación del riesgo que presenten los agresores o abusadores, supeditado a consideración de cada caso en particular.

A su vez, la Procuración General de la Corte, a través de la Unidad Fiscal de Información y Atención de Víctimas y Denunciantes, colaborará con la atención y el patrocinio de las víctimas que se presenten ante ésta, evitando en la mayor medida posible su revictimización.