Lo ocurrido en el inicio de la semana con la cancelación de la obra para el Gasoducto Regional Sur no quedará en el olvido. Al menos esa es la intención de un grupo de legisladores que pretenden que Nación explique porqué dio marcha atrás cuando el municipio de Venado Tuerto ya había comprado los materiales necesarios para ejecutar los trabajos.

De la noche a la mañana, el gobierno nacional decidió ajustar sobre el Gasoducto Regional Sur (GRS), que iba a beneficiar a ocho localidades del sur santafesino. La Municipalidad venadense ahora debe reintegrarle al Ministerio de Hacienda los dineros asignados para la obra, pero hay un problema: buena parte ya había sido utilizada para comprar los caños.

La senadora nacional por Santa Fe oriunda de Firmat, María de los Ángeles Sacnun, presentó al presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Cámara de Senadores, Carlos Mauricio Espínola, un pedido para citar al Ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, y al Ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. La intención es que brinden un informe sobre la cancelación de las obras.

 

“Los trabajos de esta obra iban a beneficiar a ocho localidades de la provincia de Santa Fe, generando bocas de gas para dos mil usuarios residenciales”, enfatizó la legisladora para reclamar “una urgente intervención para conocer las causas de la cancelación de la obra y abordar una posible solución para que las medidas de ajuste no impacten en los sectores más vulnerables”.}

Un pedido similar partió desde la Legislatura santafesina. Los diputados Claudia Giaccone y Julio Eggimann (bloque Juntos por Santa Fe) manifestaron su preocupación al respecto: “Se toman decisiones que afectan los derechos de miles de santafesinos que pensaban contar con un servicio tan esencial, tanto para la producción, el comercio, la industria, como para el uso doméstico”.

El GRS iba a beneficiar a localidades del sur santafesino como Venado Tuerto, Firmat, Casilda, Carmen, Chovet, Murphy, Melincué y Teodelina. Con la cancelación, la administración del intendente venadense José Luis Freyre debe salir al mercado y vender los años adquiridos para luego poder devolver a Nación 65 millones de pesos. Otra solución posible es que sea la misma empresa que se los vendió quien ahora los compre, siempre y cuando no dé frutos el intento de los legisladores por reflotar los trabajos.