Vaya que trajo polémica el flamante Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas, impulsado por el Ministerio de Seguridad nacional y al que adhirieron las provincias. Al rechazo de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, ahora se sumó la del periodismo, por un artículo en particular que encendió la polémica.

“La participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada, donde se garantice la protección de su integridad física, y no interfieran con el procedimiento”, reza el artículo tercero del mencionado protocolo, lo que encendió las luces de alarma en el Foro de Periodismo Argentino (Fopea).

A través de un comunicado, la entidad advirtió que “el texto es poco claro acerca del alcance de esta norma en relación al trabajo de los medios de comunicación, lo cual deja un amplio espacio librado a la aplicación de estas disposiciones, no establece qué podría ocurrir en caso de que un equipo de prensa no acate las órdenes coyunturales, ni determina quién las dispondría”.

Asimismo, subrayó que “este artículo podría significar un posible condicionamiento y un enfoque sesgado de las coberturas periodísticas si se obliga a medios a permanecer en un único espacio de trabajo”. “Más allá de destacar que los periodistas no deben obstaculizar los operativos de las fuerzas de seguridad, FOPEA considera que ninguna disposición debe violentar el derecho a informar libremente, según la visión que cada medio tenga del conflicto que se desarrolle”, señala el comunicado.

“Hay preocupación y un cierto escozor porque el Estado delimite donde deben ubicarse los periodistas para cubrir una información”, señaló el periodista Jorge Elías, miembro de la comisión directiva de la entidad periodística. En diálogo con Sí 98.9, el trabajador de prensa cuestionó que con estas directivas, “el Estado te está marcando la cancha, te está diciendo lo que tenés que cubrir, qué información te va a dar, y está restringiendo libertad de movimiento, porque estamos hablando de vía pública”.

Para graficar lo que puede significar la nueva disposición del Ministerio de Seguridad, Elías recordó los asesinatos de los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, abatidos por la policía el 10 de junio de 2002 durante una manifestación en el puente Pueyrredón. “Si no hubiera sido por que la prensa se movió con libertad en ese momento, se hubiese contado otra historia y esa otra historia sería la que tendríamos en este momento”, indicó.