El Concejo municipal aprobó este jueves una ordenanza que impone algunos controles en el negocio de la compra y venta de metales no ferrosos, destinada a desalentar el robo de cables, objetos y ornamentos metálicos en la ciudad.

Por una iniciativa del edil Miguel Ángel Tessandori, la norma establece controles en la comercialización y trazabilidad de estas operaciones en torno a chatarrerías, a cuyos titulares obliga a identificar y registrar a las personas que les venden los materiales de chatarra.

Los chatarreros deberán de ahora en más generar y conservar documentación sobre compra de cables de servicios públicos como telefonía o iluminación. Deberá estar acreditado el origen lícito de esos materiales o, caso contrario, el comerciante deberá hacer la denuncia correspondiente. La norma exime de la denuncia al chatarrero en caso de que quien le provea de esos cables o metales sean empresas constructoras o de demolición.

El mismo procedimiento rige desde ahora en la compra de materiales como placas de bronce, cruces o elementos religiosos, flexibles de cobre de los medidores domiciliarios de agua o placas de porteros eléctricos. Aquí, en operaciones de cierta envergadura, se exige la bancarización del pago. Y el chatarrero deberá almacenar esos materiales por tres días como mínimo, a disposición de la autoridad municipal, policial o judicial. Deberá conservar, asimismo, la documentación identificatoria de sus proveedores por al menos dos años.

Para todos los casos, el chatarrero deberá asentar la chapa patente del vehículo en el que se le transportó el material de venta.

La ordenanza impone, además, que el Ejecutivo municipal acuerde con fuerzas de seguridad y el Ministerio Público de la Acusación compartir la información que se recabe para la realización de inspecciones y controles de manera coordinada.