El ajuste y los recortes en materia de discapacidad forman parte de una política de Estado del gobierno nacional. Así lo demuestra la línea temporal de un tijeratazo planificado por la Casa Rosada que se agudizó en los últimos meses con el descalabro de la economía. El achique presupuestario ocurre desde los primeros meses del 2017.

Las respuestas y las voces oficiales solo aparecieron en los momentos de visibilización del conflicto, léase en medio del escándalo social que generó, en su momento, la quita de pensiones, el puntapié de un recorte mucho más estructural y profundo.

El gobierno negó tener un plan sobre la mesa para quitar derechos a una de las poblaciones más vulnerables y, presión mediática y judicial de fondo, restituyó la mayoría de las pensiones alegando errores administrativos.

A partir de ese momento comenzó la segunda fase del ajuste: la paralización de los nuevos trámites de pensiones por una burocracia diseñada para no entregar nuevas credenciales. Todavía hay miles de expedientes estancados a la espera de una resolución.

Ahora, el sistema de discapacidad sufre un tercer cachetazo, el golpe de nocaut, según la dramática descripción que hacen damnificados y trabajadores. El abrupto derrumbe de la economía terminó de pulverizar el programa Incluir Salud, que permite el acceso a los servicios de salud a quienes sí tienen pensiones no contributivas.

En Santa Fe, por ejemplo, hay 80 prestadores que ya achicaron los servicios que brindan para los beneficiarios de este programa. Los aranceles no están siendo ajustados conforme a la inflación de los costos, los profesionales precarizan la atención y las obras sociales --Iapos, a nivel local-- tienen demoras en todos los pagos.

Según pudo averiguar Rosariplus.com, la provincia tiene un total de 90 mil ciudadanos con discapacidad, de los cuales 20 mil tienen pensiones y están insertos en este programa nacional.

La gran mayoría, unos 50 mil, no tiene ni obra social ni ninguna cobertura de medicina prepaga. Muchos de ellos están con trámites abiertos y esperando por una pensión que nunca llega.

Mariel Chapero, vicepresidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe, alertó en las últimas horas sobre un colapso del que poco y nada se habla. “El sistema de prestaciones para personas con discapacidad está en riesgo. El panorama es muy pero muy preocupante”, dijo en la concentración de este miércoles en el Monumento a la Bandera.

Los tres grandes momentos del ajuste

1) La primera señal de alerta se encendió a mediados del año pasado. Se interpretó como uno de los tantos “errores no forzados” del gobierno. Un total de 170 mil pensiones fueron dadas de baja sin explicación alguna.

Amparándose en la letra chica de un decreto de 1997, que el gobierno anterior había flexibilizado para incluir a más beneficiarios, Cambiemos redujo de un plumazo el número de pensiones no contributivas.

“Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad. Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”, explicó en aquel momento el titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), Guillermo Badino.

En la mayoría de los casos las suspensiones fueron sin aviso y los beneficiarios se enteraron al ir a cobrar la pensión al banco. Con el escándalo en puerta, el gobierno apeló a la estrategia de la “marcha atrás” y prometió revisar su política.

En el 80% por ciento de los casos las pensiones fueron restablecidas, pero luego de un arduo proceso con demoras entre seis meses y un año. La Justicia también presionó para las restituciones. En noviembre, la Cámara Nacional de la Seguridad Social rechazó la apelación del Poder Ejecutivo y confirmó la sentencia de primera instancia que había ordenado restituir las pensiones por invalidez.

Según esta resolución, el recorte fue arbitrario y se concretó "sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso adjetivo que incluya el derecho a ser oído, ofrecer y producir prueba y obtener una decisión fundada”.

2) Luego del revés judicial, el Poder Ejecutivo oficializó a través de un decreto publicado en el Boletín oficial la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad para la administración de los fondos destinados a ese subsidio. Se le quitó el manejo de las pensiones al ministerio de Desarrollo Social y se trasladó la competencia a la órbita de la Jefatura de Gabinete.

El traspaso generó, por un lado, despidos y recorte de personal; y por el otro, atrasos en todos los trámites que estaban en curso. Ya en febrero, los trabajadores de esta nueva oficina denunciaron la existencia de una circular interna que ordenaba "separar y revaluar" la mayoría de los expedientes que aún no habían sido asignados.

El secretario general de ATE Pensiones, Walter Pignataro, advirtió que el gobierno se encaminaba así a "dar de baja miles y miles de pensiones con guante quirúrgico, de a poquito”. El gobierno nuevamente salió a desmentir la noticia con un comunicado de prensa.

Se calcula que en la actualidad hay cerca de 100 mil trámites que están parados en la sede central de la flamante Agencia Nacional de Discapacidad, de los cuales cinco mil son de personas que residen en Rosario. Se tratan de beneficios que estaban listos para ser otorgados que fueron parados.

En mayo, Rosarioplus.com entrevistó a algunos damnificados. Raúl, Mónica y Talía narraron el calvario de tener que suplicar por una pensión. En los tres casos, los trámites estaban en curso y con todos los papeles en orden.

3) A mediados de año, el gobierno decidió congelar todos los fondos del programa Incluir Salud, la obra social de quienes tienen pensiones no contributivas por invalidez. Esta decisión tuvo un efecto cascada en todo el sistema.

Se dejaron de prestar muchos servicios por los atrasos en los pagos (hasta diez meses de demora) y por la desactualización de los aranceles (desde octubre de 2017). El último reajuste fue entre un 10 y un 20%. Este año los profesionales no percibieron ningún aumento. La pérdida salarial supera el 50%. 

El ajuste ya se siente fuerte en las instituciones: Escuelas Especiales, Centros de Día, Centros Educativos Terapéuticos, Hogares, Transportistas, Centros de Rehabilitación, Servicios de Apoyo a la Inclusión Escolar y Residencias tuvieron que recortar muchas de sus prestaciones. Por ende, la atención terapéutica de cientos de niños, jóvenes y adultos corre riesgos ante este panorama.

“La situación es muy complicada. Ya hay transportistas e instituciones que están dejando de trabajar algunos días de la semana con beneficiarios de Incluir Salud, que son la franja más vulnerable. Los chicos se quedan sin prestación y nosotros terminamos financiando el sistema y eso hace realmente insostenible”, explicó Sebastián Beloscar, titular de Rayuela, un centro educativo terapéutico para niños y jóvenes con Trastorno de Espectro Autista (TEA).

La situación es tan grave que la Municipalidad convocó de urgencia a una reunión con las instituciones y organizaciones del sector para buscar “estrategias locales” para palear el ajuste.  

“La idea es poder construir, entre todos, espacios de interacción y contención ante una política nacional insensible ante los sectores más vulnerables”, explicó el secretario General de la Municipalidad, Gustavo Zignago.

El encuentro se concretó este lunes. La catarsis sirvió para consensuar reclamos y acciones para intentar resolver algunos de los problemas. Sin embargo, la sensación de vacío atravesó a todos los presentes: la lectura de fondo es que el desfinanciamiento en discapacidad --como en tantas otras áreas-- llegó para quedarse.