Denuncian que Nación asfixia a las personas con discapacidad y sus derechos
Además de obligar a los beneficiarios de pensiones a demostrar su discapacidad, más de la mitad no fue notificada, por lo que el objetivo principal es aplicar un fuerte recorte sobre el sector. Presentación de proyectos de Ley para exigir respuestas de las autoridades
A la par de la rutina cotidiana, de los asuntos de la agenda pública y las noticias de cada día, transcurre las vidas de miles de personas con discapacidad y las circunstancias que por esa condición deben afrontar. Ahora el Estado nacional les impone que deben demostrar que tienen discapacidad y que por ello merecen la pensión por invalidez laboral; pero a la vez, no les avisa a todas. Y por otra parte, a pesar de la inflación, congeló el valor de los aranceles que perciben las instituciones prestadoras de servicios y del transporte especial para esta población. Por lo tanto, ya la mitad de las prestaciones se caen, los servicios se han resentido y la calidad de vida de las personas con discapacidad en la provincia de Santa Fe es peor.
Todo eso quedó expuesto en una reunión de familiares y prestadores de la comunidad con discapacidad ante la Defensoría del Pueblo y el senador Marcelo Lewandowski, en la previa de un reclamo formal al gobierno de Javier Milei. Lo que definieron como “la crueldad atroz del Estado nacional” para con las personas con discapacidad. El padrón santafesino registrado para las pensiones no contributivas es de unas 70.000 personas, pero solo atañe a quienes se considera invalidados para trabajar. No incluye menores de edad.
Instituciones que abordan la problemática de la discapacidad en la provincia de Santa Fe se reunieron con el defensor del Pueblo, Gabriel Savino; el senador nacional Marcelo Lewandowski y el diputado provincial Miguel Rabbia. En conferencia de prensa denunciaron irregularidades en las auditorías de pensiones que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el fuerte ajuste en el área.
Junto a la presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (APRIDIS), Mariel Chapero, y su vicepresidente, Luciano Urrutia, Lewandowski presentó dos proyectos de su autoría. Uno para crear la Comisión de Discapacidad en el ámbito del Senado de la Nación y otro en el cual solicitó formalmente citar para su interpelación al ministro de Salud de la Nación, Dr. Mario Lugones y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Dr. Diego Spagnuolo, a fin de que brinden explicaciones sobre la auditoría que viene llevando a cabo ANDIS.
"Lo que uno observa en todo esto –dijo Lewandowski– es una crueldad atroz. Es la crueldad de hacer demostrar a una persona que tiene síndrome de down, cuando nació bajo esa condición; es la crueldad de una sociedad que no atiende a sus adultos mayores, a sus niños, a sus personas con discapacidad y eso es una sociedad que no está atendiendo a quienes menos poder de defensa propia tienen".
Las pensiones de invalidez laboral por discapacidad hoy rondan los 200.000 pesos mensuales. Urrutia expuso la incertidumbre imperante acerca de lo que pasará con los beneficiarios que no han sido notificados para comparecer a la auditoría que se realizó en el Hospital Italiano, en Rosario. Ni con quienes no se han presentado.
Para colmo, la actitud de las autoridades nacionales no ayuda. Urrutia señaló “la indiferencia y el desprecio” que demostró la representante de ANDIS en la última reunión del Consejo Federal de Discapacidad, la semana pasada, ante el pedido de entidades civiles de una actualización de los aranceles. La última fue en diciembre pasado, y de solo el 0,8%. “La ANDIS dijo que no hay novedades ni nada para decir sobre los aranceles”, contó el vice de APRIDIS.
Todo esto es la antesala de la sesión que habrá este jueves para que se declare la Emergencia Nacional en Discapacidad.
“El sistema se está cayendo: los transportes volvieron a tomar medidas como en pandemia de reducir la mitad de los viajes por semana, porque el litro de gasoil ya cuesta tres veces más que lo que pagan por kilómetro. Recortan los traslados, las instituciones cierran algunos días a la semana, estamos todos endeudados con ARCA, muchos tomando préstamos en bancos privados… Si no hay actualización de aranceles ahora en junio, con el pago de aguinaldo quedará mucha gente en la calle”, vaticinó Urrutia en diálogo con RosarioPlus.
La lectura es que la gestión Milei provoca la concentración del mercado de prestaciones. “El gobierno tiene la decisión de aplicar un ajuste feroz en aras de no generar déficit, y así nos están asfixiando. El objetivo es concentrar el sector en los grandes prestadores, que acopien todo lo que los pequeños dejen al irse cayendo. Es grave porque esos grandes prestadores están en las grandes ciudades, los pueblos se quedan sin servicio. Y están esperando que el sistema que sostiene al sector deje de funcionar tal como lo conocemos, con el ingreso universal que garantiza la misma calidad de tratamiento para todas las personas con discapacidad. Esperan que ese patrón se quiebre y que paguen los que pueden pagar, los que no… nada. Habrá personas con discapacidad de primera y otras de segunda”, señaló Urrutia.