El Gobierno nacional desapoderó a unas 60 familias de las viviendas que les habían sido adjudicadas por el programa Procrear, en el partido bonaerense de Avellaneda, y se las entregó sin más trámite a miembros de fuerzas federales de seguridad. 

La medida mereció una denuncia por parte de las personas damnificadas que persisten en su reclamo a pesar del silencio generalizado de los medios de comunicación.

Se trata de un desarrollo urbano llamado “Sagol”, en Avellaneda. Sus titulares habían sido adjudicados el 23 de noviembre de 2023 por sorteo, meses antes de que el gobierno de Javier Milei eliminara el Procrear, el plan que facilitó el acceso a la vivienda propia a miles de familias trabajadoras en todo el país.

A la cabeza de la decisión denunciada está la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien formalizó en un acto de propaganda la entrega de llaves sin mencionar el trasfondo previo.

“Entregamos 160 casas en Avellaneda. Van directo a ellos, sin intermediarios, sin amigos de la política. Es el inicio de un plan federal que recupera 329 viviendas en todo el país”, declamó Bullrich durante la entrega de llaves, haciendo caso omiso de que esas unidades tienen adjudicatarios.

La acción remite a las usurpaciones de viviendas ocurridas durante la dictadura cívico militar, cuando miembros de las fuerzas represivas se apoderaban de propiedades pertenecientes a víctimas de secuestros y desapariciones.

Las familias perjudicadas en el complejo Sagol avanzaron con un amparo colectivo para hacer valer el derecho adquirido y agraviado por el propio Estado que le había conferido el acceso al techo propio. También acudieron a la Defensoría del Pueblo y presentaron reclamos formales ante las carteras de Seguridad, Economía y el Banco Hipotecario, a cargo de tramitar los créditos. 

“Fue un despojo, una estafa. Fue algo donde se nota el abuso de poder que hay en Argentina. Estamos viviendo un momento de extrema violencia institucional. Están usando la miedocracia como sistema político. Es una forma de hacer política, la política del miedo. Y esto fue una estafa”, dijo Daniel García, ombudsman en Avellaneda.