Corralito, cacerolazos, hambre, represión: a 20 años de la crisis de 2001
La debacle económica y el consecuente estallido social en Argentina de hace dos décadas marcó a fuego la historia. Repaso a los principales hechos de aquellos días de ajuste total, caída del gobierno de De la Rúa, la confiscación de los depósitos y la represión a la protesta popular.
La crisis de diciembre de 2001 en Argentina de aristas política, económica, social e institucional, comenzó con una disposición económica que se dio en llamar ‘corralito’, y que fue potenciada por una revuelta popular generalizada bajo el lema “que se vayan todos”, expresión que se tradujo en balcones y veredas con cacerolazos.
La situación de inestabilidad devino en represiones en muchas de las principales ciudades del país, y resultaron asesinadas por agentes de seguridad del Estado y privada un total de 39 personas, nueve de las cuales fueron en la provincia de Santa Fe.
Este panorama precipitó la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, que dejó grabada en la retina de los ciudadanos la imagen televisiva de un helicóptero saliendo de la Casa Rosada. Y esto conllevó un período de inestabilidad política durante el cual cinco funcionarios ejercieron el Poder Ejecutivo Nacional.
Esta serie de hechos se sumaron a la crisis económica que se vivía desde 1998, causada por una larga recesión que disparó una crisis humanitaria, de representatividad, social, económica, financiera y política.
El Corralito, preludio del Diciembre Negro
Cavallo había anunciado por cadena nacional aquel 2 de diciembre una medida que fue conocida como "Corralito": consistía en la bancarización forzosa de la economía, mediante la prohibición de extraer dinero en efectivo de los bancos en sumas superiores a 250 pesos o dólares por semana. Esta medida afectó principalmente a las personas con ingresos informales, entre ellos los trabajadores no registrados por las empresas que en ese momento alcanzaba el 44,8%.
La reacción popular fue muy negativa, en especial la de la clase media, que ganó a la calle con toda furia ante la imposibilidad de sacar sus ahorros de los bancos. La crisis económica desembocó en crisis política.
El 13 de diciembre las centrales obreras declararon una huelga general, y en simultáneo comenzaron a producirse estallidos sociales en algunas ciudades del interior del país y del Gran Buenos Aires, con saqueos por parte de sectores de la población desocupada e indigente, robos de camiones en las rutas, robos comunes y cortes de calles en las ciudades.
En la tarde del 19 de diciembre el presidente radical Fernando de la Rúa anunció el establecimiento del Estado de sitio, lo cual provocó el estallido social generalizado con la salida a la calle de decenas de miles de personas en todo el país para manifestar su descontento con el gobierno y los representantes políticos, con los que se dieron en llamar cacerolazos.
Esto se extendió toda la noche y el día siguiente, cuando se impartió la orden de reprimir y muchas personas fueron asesinadas a manos principalmente de la policía, pero también de fuerzas de seguridad privada y hasta de comerciantes, como ocurrió con el único fallecido en la ciudad de Santa Fe Miguel Pacini.
La mayor parte de las personas que participaron en las protestas fueron autoconvocadas y no respondían a ningún partido político, sindicato u organización social.
El 20 de diciembre a las 19:37 De la Rúa renunció y dejó la Casa Rosada en helicóptero. Durante los siguientes doce días se produjo una alta inestabilidad institucional que llevó también a la renuncia del presidente sucesor Adolfo Rodríguez Saa. El clima de inestabilidad social y económica, así como el desconocimiento generalizado de legitimidad hacia todos los representantes políticos, se extendió en los años siguientes.
La crisis llegó a un punto insostenible el 29 de noviembre de 2001, cuando los grandes inversionistas comenzaron a retirar sus depósitos monetarios de los bancos. El FMI decidió interrumpir el flujo de fondos hacia Argentina, momento para el cual la fuga de capitales era incontrolable, ascendiendo a 81 800 millones de dólares desde el inicio de la crisis.
Huelga, saqueo y organización de base
El 13 de diciembre, la CGT Oficial, la CGT Disidente y la CTA declararon la séptima huelga general contra la política económica y social del gobierno de De la Rúa. El paro tuvo alto acatamiento, con adhesión de sectores que habitualmente no se sumaban, como el comercio, la clase media y sectores no sindicalizados.
Simultáneamente con la huelga general comenzaron a producirse estallidos entre las clases populares de algunas ciudades de las provincias, llevados adelante por los denominados piqueteros.
Varios comercios de zonas empobrecidas del interior del país y del Gran Buenos Aires sufrieron saqueos, robos de camiones en las rutas, robos comunes y hubo cortes de calles en las ciudades.
Producto de la gran desocupación y el hambre, algunos vecinos de los sectores sociales más bajos se llevaron comida y mercadería de los grandes supermercados y de ciertos negocios de barrios pobres, luego de anuncios que escucharon en radios de que el Gobierno repartiría bolsones a través de las cadenas supermercadistas.
Los pequeños comercios fueron los más afectados por los saqueos en los que la policía liberó la zona, mientras los grandes hipermercados fueron protegidos por la policía y no sufrieron grandes daños.
Las manifestaciones en las calles continuaron durante varios meses y se organizaron mediante asambleas populares en las cuales debatían y tomaban decisiones con la pretensión de que se realizara una refundación política que permitiera una mayor participación de la ciudadanía y control de los representantes. El historiador del movimiento obrero Leónidas Noni Ceruti precisó a Rosarioplus.com sobre esto que "cada barrio tuvo un auge de asambleas en sus plazas, los vecinos aprendieron a dialogar ante cualquier conflicto, fue una enseñanza que dejó el 2001. Aunque luego se desinflaron por sectarismos y disputas entre varios sectores políticos".
Las asambleas en Rosario fueron en los barrios más populares de la zona sur, la zona oeste y la zona norte, donde se desató el 19 y 20 la brutal represión, consignó Ceruti. Aunque destacó que "en el centro también hubo manifestaciones grandes cuando De La Rúa decreta el Estado de Sitio, la gente bajaba de los edificios y salía a reclamar en marea al Monumento, y desde los barrios vinieron manifestaciones frente a la Municipalidad, la Sede de Gobierno provincial y el Concejo Deliberante".
El 19 y 20
La noche del 19 de diciembre el presidente De la Rúa habló por televisión en cadena nacional para anunciar que había impuesto por decreto el estado de sitio, suspendiendo las garantías constitucionales. Parte de la guardia presidencial (el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín) se había alistado en la residencia de Olivos. Otra parte quedó en la Casa Rosada, cuya entrada en el número 50 de la Calle Balcarce ostentó una ametralladora calibre 12.70. En ambos sitios también se movilizaron soldados con municiones y armas automáticas.
Inmediatamente después de terminado el anuncio del estado de sitio, millones de personas en todo el país hicieron sonar cacerolas desde sus casas y muchas salieron a las calles dando inicio a lo que se conoció como "el Cacerolazo". Un gran grupo se concentró frente a la Casa Rosada exigiendo la renuncia del presidente De la Rúa y comenzando a corear una consigna que caracterizaría al movimiento "que se vayan todos".
Se sucedieron también protestas durante la madrugada del 20 de diciembre, frente a la casa del Ministro de Economía Domingo Cavallo y en la Plaza de Mayo, que fueron reprimidas. A pesar del estado de sitio decretado por De la Rúa, las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país se llenaron de protestas dando lugar a la renuncia del ministro Cavallo presentada por la noche del día 19, y aceptada a las 3 de la mañana del día siguiente.
En la mañana del 20 quedaban unos pocos manifestantes entre los que se encontraban oficinistas, empleados, amas de casa y niños; comenzaron a arribar miembros de organizaciones políticas. Entre los integrantes de estas organizaciones políticas que marcharon a la Plaza de Mayo se encontraban, entre otros, Madres de Plaza de Mayo y grupos de piqueteros pertenecientes a la agrupación Quebracho. Las madres de la plaza fueron agredidas por agentes de la Policía Montada.
En la plaza también estaba presente la jueza federal María Romilda Servini quien intentó sin éxito frenar la represión policial, siendo también afectada por los gases lacrimógenos de la Policía Federal, cuyos uniformados estaban equipados con escopetas y armas de distinto calibre (haciendo uso de balas de plomo), con la orden de despejar la plaza de manifestantes.
Esta represión, que se transmitió por todos los canales de televisión y radio, e incluso por emisoras internacionales, en directo durante todo el día, generó que más grupos políticos y manifestantes ocasionales se acercaran a la Plaza.
Con el correr de las horas los incidentes fueron creciendo en intensidad y se produjeron cuatro muertes de manifestantes que se presumen a manos de la policía, si bien las investigaciones judiciales aún no han finalizado.
Víctimas fatales en Santa Fe
Los muertos en Santa Fe fueron nueve, provincia con mayor cantidad por densidad demográfica. Todos ellos eran humildes y jóvenes, tenían entre 15 y 35 años. Se llamaban Ricardo Álvarez Villalba de 16 años, Walter Campos de 17, Juan Delgado de 28, Yanina García de 18, Claudio "Pocho" Lepratti de 35, Rubén Pereyra de 20, Sandra Ríos (todos ellos en Rosario), Miguel Pacini de 35 (Santa Fe), Graciela Acosta 35 (Villa Gobernador Gálvez).
Sobre las víctimas santafesinas, los familiares de éstas, que militan desde la Asamblea del 19 y 20, aseguran que “la represión fue selectiva, porque fue para los sectores pobres, que menos posibilidades tienen, y varios eran referentes en sus barrios”.
En este sentido, la hermana de Pocho, Celeste Lepratti precisó a este medio que "no solo murieron a manos de funcionarios del Estado sino que en estos veinte años no hubo ningún acompañamiento a los menores que quedaron sin mamá, como Graciela Acosta de un balazo en el pecho y Graciela Machado. Ésta última murió por inhalar gas y recibir palos y su corazón dejo de funcionar. Estos chicos eran muy chiquitos y el Estado no se preocupó por que tengan las condiciones de estudiar, acceder a la salud, dispositivos para acompañamiento psicológico para ningún familiar, o las madres que perdieron a sus hijos”.