La Ley Micaela, promulgada a nivel nacional en enero de este año, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Con el correr de los meses, provincias y municipios adhirieron a la normativa, y ahora podrían sumarse los sindicatos.

Varias organizaciones gremiales de la provincia de Santa Fe brindarán este martes una conferencia de prensa para refereirse a la incorporación de los sindicatos a la reglamentación de la Ley Micaela. 

"El movimiento de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, intersex y no binaries ha reclamado reiteradamente la capacitación de los funcionarios/as y agentes del estado en todos sus niveles y poderes frente a múltiples situaciones de injusticias, discriminación o desconocimiento de leyes vigentes protectivas de los derechos de las mujeres, diversidades, niños y niñas" remarcó en un comunicado la diputada nacional por Santa Fe, Lucila De Ponti, quien acompaña a los gremios en la iniciativa.

A entender de la legisladora, la sanción de la ley "abre una oportunidad privilegiada" para extender la reglamentación a otros actores más allá de los trabajadores de la función pública.

"La capacitación obligatoria en perspectiva de género debe realizarse a fin de que sirva a los objetivos planteados en el debate parlamentario y se produzcan avances mensurables hacia un Estado que dé respuesta efectiva en todas sus intervenciones a los derechos y garantías contenidos en las leyes y tratados de derechos humanos vigentes en Argentina", refiere el comunicado.

La denominada Intersindical de Mujeres 'Ley Micaela', entiende que es "fundamental" la articulación con organizaciones sindicales para conseguir la implementación de acciones con perspectiva de género "al interior de sus propias organizaciones".

"Por su representatividad en la relación con las y los trabajadores pueden aportar la experiencia concreta en los contenidos y en los modos de organización para el éxito de la formación buscada", concluye el mensaje. 

Ley Micaela

La Ley Micaela obliga a todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado Nacional a recibir capacitaciones en temas de género y violencia contra las mujeres. Deben recibir capacitación las personas que trabajan en la función pública, cualquiera sea su nivel o jerarquía.

El nombre de la Ley refiere a Micaela García, una joven de 21 años que fue asesinada en Gualeguay (Entre Ríos) por un hombre que tenía antecedentes penales por violación.