Los problemas en el sistema de recolección de residuos profundizado en las últimas semanas provocaron multas por parte de la Municipalidad de Rosario a las empresas prestadoras del servicio en zona sur y el norte de hasta 600.000 pesos. Lejos de tratarse de una simple falencia, hay quienes en el Concejo sospechan que el servicio deficitario puede encontrar su respuesta en deudas del municipio a las concesionarias.

Desde el bloque de Iniciativa Popular, la concejala Fernanda Gigliani, consideró como posible que el servicio de higiene prestado de manera parcial y deficitaria por las empresas LimpAR S.A. (Vega-Caputo-UTE) e Impsa, pueda encontrar su explicación en deudas por parte del municipio que afectan su operatividad o incluso algún tipo de actitud maniquea en este sentido.

“En su momento dijimos que el contrato era leonino y que el municipio no podría afrontarlo. Creemos posible que tenga un flujo de deudas, y no descartamos alguna actitud extorsiva por parte de las empresas”,  relató a Rosarioplus.com Gigiliani, refiriéndose a la adjudicación del servicio de residuos allá por el primer semestre de 2013.

La adjudicación que tardó más de 10 meses, finalmente obligó a la Municipalidad el pago por 84 meses a LimpAR, adjudicataria de la zona norte, por un total de 1.062.821.356 pesos, es decir un monto mensual de 12.650.000 pesos; y a la empresa de la zona sur, Impsa, la suma de 956.712.411 pesos, algo más de 11.350.000 pesos mensuales.

Seis meses después de que LimpAR comenzara con el servicio, el presupuesto de ese año demostró que la municipalidad había generado un convenio de pago con la empresa por una deuda de 120 millones de pesos. Es posible que la obligación se haya convertido en deuda flotante, según Gigliani, y hayan comenzado a crecer los atrasos. Por eso presentará un pedido de informes al respecto.

Sin embargo, desde que LimpAR comenzó con el servicio, tuvo problemas operativos. En septiembre de 2013, a sólo cuatro meses de comenzar a explotar la actividad en Rosario, los problemas de higiene se hacían evidentes. Incluso los concejales María Eugenia Schmuck y Jorge Boasso habían elevado una nota solicitando que la Intendencia realice gestiones al respecto.