El fuerte reproche del gobierno provincial al tribunal que juzga a la banda Los Monos por haber accedido al planteo de los imputados de cambiar su lugar de detención del Centro de Justicia Penal a la Unidad Penal Nº 11 en Piñero, parece haber tenido efecto. Al menos para cuatro de los detenidos con prisión preventiva, ya que desde el lunes serán alojados en el mismo edifico donde se desarrolla el juicio y no trasladados diariamente como pretendían.

Se trata de Ramón Machuca (alias "Monchi Cantero"), Ariel “Guille” Cantero, Emanuel Chamorro, y Leandro Vilches, quienes volverán al plan original de no forzar al Ministerio de Seguridad a traslados diarios entre el Centro de Justicia de Mitre y Virasoro, y el penal de Piñero durante lo que dure el juicio.

Vale recordar que los jueces aclararon en el primer día del juicio, que la medida era provisoria hasta tanto se convaliden los informes técnicos de los lugares de detención y se resuelvan los habeas corpus interpuestos por las defensas de los acusados.

Polémica entre el gobierno y los jueces

La polémica se generó el día miércoles luego de que el ministro de Justicia provincial, Ricardo Silberstein, opinara en duros términos sobre la decisión de los jueces del tribunal Ismael Manfrín, Isabel Mas Varela y Marisol Usandizaga de darle lugar al pedido de los imputados.

"Me preocupa mucho que el Ejecutivo había establecido un mecanismo de seguridad planificado y no se lo tuvo en cuenta. Los lugares de detención (en el CJP de Mitre y Virasoro) son mucho mejores que la celda de Piñero y de Pérez, pero sin embargo los detenidos, por haberse desnudado, pueden lograr imponer el lugar de detención y poner en riesgo el traslado", recriminó Silberstein.

Esta situación cayó mal en el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Santa Fe, desde donde vieron con “preocupación” los dichos del ministro, y pidieron que se eviten "declaraciones descalificantes que no están basadas en las constancias de la causa”.

Por su parte, el Colegio Pleno de Jueces Penales consideró que "las manifestaciones expuestas (de Silberstein) implican una evidente e inadmisible intromisión de un alto funcionario del Poder Ejecutivo provincial en la actuación de un Tribunal de Justicia". Por eso instó "a todos los poderes públicos y sus representantes a que no se perturbe de ningún modo la tramitación del delicado y complejo juicio oral".