El juez penal Florentino Malaponte dictó prisión preventiva para los miembros de una organización dedicada a cometer estafas inmobiliarias por una cifra millonaria. Entre los detenidos se cuentan un abogado con oficina frente a Tribunales, tres policías de la Agencia de Investigación Criminal y otras personas que fungían como gestores inmobiliarios.

El Ministerio Público de la Acusación informó este jueves que el líder de la banda está prófugo, pero mientras tanto los fiscales Valeria Haurigot y Federico Rébola dieron curso a la imputación penal, que encontró eco favorable en el magistrado.

La red involucraba roles muy variados, por lo que la audiencia imputativa tuvo calificaciones tanto de incumplimientos de deberes de funcionario público para tres policías, como extorsión, asociación ilícita, y uno por tenencia de arma de fuego.

La organización se dedicaba a amenazas, usurpaciones, falsificación de documentos públicos y privados y estafas referidos a inmuebles de diversos puntos de la provincia de Santa Fe. Además de los cuatro imputados y el organizador prófugo hay otras personas investigadas. Operaban así desde diciembre de 2018, al menos.

Esta red detectaba inmuebles usurpados o usurpables para ocuparlos con personas de esta estructura. Asimismo, falsificaba los instrumentos públicos o privados necesarios para simular la legitimidad de la posesión por parte del usurpador, y proceder a su venta. Se ofrecían para la venta por diversos canales, generalmente en redes sociales.

M.A.H son las siglas que dan nombre a la única persona prófuga de la red. Se trata del creador de la organización, que se hacía pasar por corredor inmobiliario.

El origen de la connivencia 

La causa se inició cuando el 9 de septiembre de 2020 en Fraga al 700 una menor de 8 años y otra persona fueron heridas de bala. En aquel domicilio tras el hecho, sus familiares declararon que esa vivienda era usurpada “y la habían encontrado a través de una página de la red social Facebook denominada ‘Cirujeando’ el 10 de agosto anterior”, precisaron fuentes del MPA.

Esta familia precisó a la Justicia que “al contactar esta página de Facebook, una persona que les dijo que deberían ir al estudio jurídico de P.J.C para completar la transacción”, y también manifestaron que al día siguiente de la balacera en la que dos de sus miembros fueron heridos, se presentaron los tres efectivos policiales de la AIC. “Luego de la toma de declaraciones, les dijeron que P.J.C es abogado y estaría siendo investigado por hechos delictivos similares”, apuntaron desde el MPA.

Según investigaron los fiscales, estos tres efectivos realizaron por orden de un superior, tareas investigativas en el marco del hecho de abuso de armas, el cual daría origen a dicha causa penal, “ocultando lo actuado al Ministerio Público de la Acusación durante un prolongado período de tiempo”. En aquella ocasión, con el fin de justificar la clandestinidad de la investigación, A.O.R invocó la existencia de una orden falsa emanada por una Fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio de la Fiscalía Regional Rosario.

Desde aquella balacera en calle Fraga, los efectivos revelaron durante un tiempo al abogado P.J.C y a M.A.H información confidencial, en la que ambos se encontraban bajo persecución penal, involucrados en el hecho. Les exigieron el pago de 200,000 pesos a cambio de no realizar allanamientos, seguir enviándoles información reservada y advertirles sobre futuras medidas en su contra.

De los efectivos, S.R.B también fue imputado por contar con un arma de fuego calibre 22 en su domicilio en el marco de un allanamiento.

Las imputaciones

De la asociación ilícita participaban junto al líder prófugo, otros cuatro miembros, que la Justicia dio a conocer bajo las siglas M.O.G, P.J.C, M.J.L Y C.T. Todos ellos fueron imputados:

P.J.C, como organizador, a quien se le dictó preventiva.

M.O.G organizador y ejercicio de la profesión sin titulo habilitante, haciéndose pasar por corredor inmobiliario, a quien se le dictó preventiva.

C.T y M.J.L como miembros, y debieron fijar domicilio.

Los policías S.R.B, A.O.R y a V.A.M fueron imputados por los delitos de incumplimientos de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, por enviar a los miembros de la organización información oficial sobre ellos, y extorsión.

Estos tres policías revelaban información reservada y protegida con secreto oficial al líder prófugo, M.A.H y a P.J.C por el pago de una suma de dinero para asegurarles impunidad en la causa seguida contra ellos.