El Ministerio de Seguridad de Santa Fe intervino por 90 días la Unidad Regional II de Rosario tras destaparse un esquema de corrupción en el sistema de carga de combustible para patrulleros. La investigación reveló una malversación de 45 millones de pesos mensuales y derivó en 34 allanamientos, 17 detenciones (13 policías y 4 civiles) y el desplazamiento de las máximas autoridades de la fuerza en la región.

Como parte de la intervención, Claudio Romano fue designado interventor en reemplazo del jefe de la URII, Daniel Acosta, y del jefe del Comando Radioeléctrico, Diego Santamaría. La medida podrá extenderse más allá de los tres meses si la Justicia lo considera necesario.

El fiscal José Luis Caterina encabezó los operativos durante esta mañana, que se desplegaron de manera simultánea en comisarías, la sede de la URII y domicilios particulares. Las órdenes fueron ejecutadas por Asuntos Internos, con apoyo de la Subsecretaría de Control del Ministerio de Seguridad. El objetivo fue evitar filtraciones y asegurar pruebas clave. 

La causa, caratulada como “malversación de caudales”, se originó por una denuncia de la Oficina de Violencia Institucional y, tras reunir el suficiente material probatorio, se actuó lo más rápido posible para evitar filtraciones y asegurar pruebas clave.

El escándalo involucra a una red interna que desviaba fondos públicos mediante la adulteración del consumo de combustible destinado a móviles policiales. La información reunida hasta el momento apunta a un sistema aceitado con participación tanto policial como civil.