Un adolescente murió hace dos semanas en el hospital de Villa Constitución, en circunstancias que su familia consideró violentas e inapropiadas para cualquier paciente. De la situación se hizo eco la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que radicó una denuncia penal y obligó a que este miércoles se realizara una autopsia sobre el cuerpo del chico, en el Instituto Médico Legal (IML) y bajo el Protocolo de Minnesota, aplicado en casos de violencia institucional y tortura. 

Àngel Colazo tenía 16 años, en un contexto de carencias psicosociales que demandaban una atención integral y terapéutica por parte del Estado. Había desaparecido de su hogar el 21 de noviembre y la familia peregrinó en su búsqueda por casi un mes. En diciembre tuvo que intervenir la policía para llevarlo hasta el Samco de Villa Constitución para que fuera atendido. 

"En dicho establecimiento de salud es recibido por el psiquiatra Leonardo Steiner, el cual ordenó su internación. El adolescente fue atado de pies y manos, permaneciendo en esa situación durante el lapso de 5 días. Indefectiblemente este accionar estatal -que debería ser de contención a adolescentes con problemática social-, empeoró y puso en peligro la vida de Ángel: el viernes 15 de enero, el adolescente tuvo un paro cardíaco, que lo dejó en un coma profundo", señaló la familia en su presentación ante Fiscalía.

"El médico que lo recibió en el Samco dio la orden de maniatarlo y sedarlo", reveló este miércoles Veronica Gauseño, secretaria de APDH Rosario, en diálogo con el móvil de Sí 98.9, en el IML.

"Decidimos hacer una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación de Villa Constitución, informando la situación que estaba pasando Ángel, porque eso era violencia institucional, que iba en contra de la Ley de Salud Mental", indicó la referente de la agrupación de Derechos Humanos.

Colazo transcurrió internado y bajo custodia más de veinte días. El 21 de enero, la familia recibió la noticia desde el hospital de que el adolescente había caído en situación de muerte cerebral. 

Como agravante, el sábado 23 de enero las autoridades del hospital se negaron durante horas a recibir la solicitud de la madre Ángel de que desconectaran a su hijo para poder hacer una autopsia y conocer los motivos de la muerte cerebral.

La fiscal que interviene en la investigación sospecha que Ángel Colazo había fallecido antes de que fuera desconectado de los equipos de asistencia médica.

Desde APDH Rosario, y otras organizaciones que formaron una multisectorial para acompañar a la familia de Ángel, exigieron que los responsables de la muerte del joven sean puestos a disposición de la justicia provincial, en una investigación objetiva, y remarcaron que el caso se trata de otro hecho de violencia institucional, por no resguardar su integridad como adolescente, ni cumplir con las garantías de las leyes de Niñez y Salud Mental.