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Tras casi dos meses de juicio oral y público por la explosión del segundo edificio en calle Salta 2141, donde fallecieron 22 personas y hubo múltiples damnificados, el martes 2 de julio a las 14 se conocerá la sentencia que dictamine el tribunal compuesto por los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Juan Carlos Leiva. Las defensas de los imputados coincidieron en su expectativa.

Los abogados de Litoral Gas y del gasista esperan la total absolución de los cargos por estrago culposo agravado seguido de muerte. Rosarioplus.com también se contactó con quienes representaron a los miembros de la administración Calvillo, quienes prefirieron no opinar al respecto hasta después de la sentencia.

Las 11 personas imputadas que escucharán el fallo este martes -del cual dependerá directamente sus destinos- son: el personal que intervino en el cambio del regulador el día del hecho Osvaldo Carlos García (gasista matriculado), Pablo Miño (ayudante, no gasista); el gasista que trabajó el 26 de julio anterior José Luis Allala; tres miembros de la Administración Calvillo, que administraba el edificio de Salta 2141, Norma Bauer (integrante de la administración), Carlos Repupilli (asesor jurídico e integrante de la administración) y Mariela Calvillo (administradora del consorcio); tres reclamistas de Litoral Gas Guillermo Oller, Luis Curaba y Gustavo Peirone; y dos gerentes de Litoral Gas: Viviana Leegstra (gerente técnica) y Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes).

“Partimos del ideal de la absolución de nuestro defendido, pero sabemos que puede no coincidir con la resolución del Tribunal. Admitimos que puede haber condena pero esperamos que en ese caso sea el mínimo y no sea efectivo”. El análisis fue hecho por el letrado Hugo Buffarini, defensor del gasista Carlos García, quien trabajaba en el edificio en la mañana de la explosión. La mirada coincide con la defensa de los tres reclamistas y los dos directores técnicos de Litoral Gas, que si bien espera lo mismo, entiende que sus defendidos no tienen por qué ser juzgados.

El gasista Carlos García fue durante los casi dos meses señalado por los demás defensores como el responsable directo de la explosión por ser quien trabajaba junto a Miño en aquellos minutos previos al incidente. Buffarini aseguró que “la estrategia de todas las demás defensas apuntó contra el gasista, y de esta forma tendían un manto exculpatorio que los eximiría de sus responsabilidades. Sería como purgar sus propios males, principalmente los empleados de Litoral Gas. Fue aislar al chivo expiatorio, en un esfuerzo denodado de transmitir que sus defendidos no tienen nada que ver”.

Cómo esperan la sentencia los imputados

Consultados sobre cómo esperan el día de la lectura del fallo sus defendidos, Buffarini y Gustavo Peirone (defensor de los empleados de Litoral Gas junto a Walter Stramazzo) coincidieron en que “están ansiosos y preocupados”. Pero se diferenciaron en que García reconoce su responsabilidad en una postura de acercamiento al lugar del hecho en estos años, y pidió disculpas públicas en el marco de los alegatos, mientras que los cinco empleados de la empresa del gas “tienen expectativas de su desvinculación y se va a terminar su calvario ya que no terminan de entender cómo llegaron a ser imputados”.

Carlos García está “nervioso aunque no lo demuestre. Sabe que está a las puertas de una decisión muy trascendente en su vida, es muy grave, por lo que uno lo va preparando para lo que pueda suceder, sea la posibilidad de ir a prisión como no. Todos los días y horas de las audiencias lo acompañó su esposa. Y tiene contención familiar, lo cual es muy valioso. Y los familiares de las víctimas reconocen su actitud, noté que tienen cierto respeto hacia él, y no lo consideran "el culpable de la tragedia” como se buscó instalar. García fue el único que se acercó al santuario cada mes, y rezó en un acto de recogimiento con los fallecidos”, describió su defensor.

Sobre los tres reclamistas y los dos directores técnicos, Peirone precisó que “están con ansiedad, pero como todos consideran que son inocentes –aunque cada uno tenga otra visión del tema-, confían en que la Justicia resolverá absolviéndolos y desvinculándolos de la causa, ya que el Tribunal es gente muy preparada”.

Según advierte el letrado, “los jerárquicos fueron acusados porque la Fiscal miró un organigrama, donde figuran como superiores, pero hay muchas personas en el medio, en cuadros intermedios de controles, y por eso los defendidos no se explican su acusación. En materia penal las personas no responden por su función sino por su acción, si avalaste el delito claro, pero si el criterio es ir a los jerárquicos, también debían imputar a Enargás y al entonces ministro Julio de Vido”.

La lupa puesta en las pruebas

Buffarini analizó sobre las pruebas brindadas por la Fiscalía durante el juicio: “Hay una cantidad de dudas, no certezas, y eso beneficia al imputado, y allí reside nuestro optimismo”. Si se hace un paralelismo, se trata de una teoría similar a lo que ocurrió con la absolución de todos los imputados en el caso Perassi, ya que el Tribunal consideró que la Fiscalía no tuvo pruebas contundentes que fundamenten las calificaciones legales por las que inculparlos.

Sin embargo con el mismo optimismo pero con el opuesto punto de vista analizó el defensor de Litoral Gas sobre las pruebas que dieron el primer informe y los dos peritajes de la causa. Según Peirone “las pruebas que brindan el primer informe de la Policía Federal, el peritaje de GEI y de UNR, y el peritaje realizado en Córdoba ratifican que el regulador estaba desacoplado (algo que sólo tiene potestad la empresa Litoral Gas) y la válvula abierta, y cuando García trabajaba con Miño se produjo la fuga del flujo de gas que fue ingresando por la puerta trasera hacia el segundo bloque y hubo un foco de ignición que generó la explosión. De esta forma se muestra que fue un trabajo hecho clandestinamente (sin presentación formal previa para su aprobación), ya que la última vez que Litoral Gas trabajó para el edificio fue el 26 de julio anterior por el arreglo pautado con el gasista Allala, quien reparó la pérdida, y luego no se perdió un gramo de gas”.

Peirone observó que durante todo el juicio oral no hubo novedades respecto de lo que se documentó en los 37 cuerpos del expediente escrito de 7400 hojas: “Se renovó lo documentado, no hubo sorpresas, y lo único que se modificó fue el cambio de sustento fáctico del ayudante del gasista (Pablo Miño), ya que en los alegatos la Fiscalía le recriminó no  haber cerrado la válvula”.

Recordó además que su defensa pidió la nulidad de la indagatoria porque cuando les intimaron los hechos, utilizaron los términos “posibilitaron” y “permitieron” el trabajo que García iba a hacer 11 días después, cuando nunca se enteraron de este trabajo. “Ambos términos usados por la Fiscalía son tipificados en materia penal en los delitos dolosos (intencionales), y las calificaciones de esta causa son culposas (sin intención de daño), por lo que son dos términos que no se pueden utilizar.

Finalmente, Peirone analizó: “El problema es fáctico (fue un trabajo clandestino), y jurídico, ya que las pericias concluyen que se habló de un estrago culposo, causado por el estrago de desacoplar el regulador con la válvula abierta”.