La saga comenzó el viernes a la mañana, cuando la ciudad recién amanecía. Carlos Ariel Señuque estacionó su auto en la puerta de la cochera de su casa, en pleno Pichincha. No llegó a pulsar el botón de apertura cuando lo acribillaron con saña. Un sicario en moto le vació un cargador. La víctima, se supo luego, tenía estrechos vínculos con la noche y con el mundo de la droga. 

El crimen quedó enmarcado en la categoría de "ajuste de cuentas". Las primeras pesquisas vincularon a Señuque con la banda de Los Monos. Una de las hipótesis es que el ataque provino del bando rival, del clan liderado por Esteban Líndor Alvarado, detenido e imputado por un asesinato y por varias balaceras contra miembros del Poder Judicial. 

Cuarenta y ocho horas más tarde, en otra zona de la ciudad, otros sicarios abrieron fuego desde un auto en movimiento contra uno de los propietarios de "Pool 8", un bar ubicado en Balcarce y Arijón. El blanco de las balas era Gustavo Candia, de 35 años. La ráfaga de disparos llegó cuando el hombre se acercó a hablar con un grupo de amigas para convencerlas que entren al bar. 

Tiziana, Camila y Berenice, tres adolescentes que festejaban el Día del Amigo, quedaron en la línea de fuego. A la primera una bala en el tórax la mató. Las otras dos amigas terminaron en el hospital. Se salvaron por centímetros. La vida y la muerte en las calles de Rosario se dirimen, muchas veces, por el azar.

Las víctimas "colaterales", quienes mueren por estar en el lugar y en el momento menos indicado, ya forman un registro propio en el mapa criminal de los últimos años. "Mi hija tenía 15 años, festejaba el Día del Amigo y la mataron", maldijo Alejandro, el papá de Tiziana.

La "guerra narco" volvió a aparecer como el móvil de esas balas. Candia supo tener estrechos contacto con la familia Cantero. "Recrudeció la disputa de los pesos pesados. Se esperan meses álgidos", explican y anticipan por lo bajo en los pasillos del Centro de Justicia Penal.

En el medio, entre los "ajustes de cuenta", Rosario sumó una nueva víctima en ocasión de robo. Ocurrió el viernes por la noche en Cullen y Sorrento, en Empalme Granero. Joel Nicolás Bello, de 19 años, circulaba en su moto junto a su novia. Un asaltante les apuntó con una pistola y les pidió el vehículo. No hubo resistencia. Tan solo un intercambio de insultos. Pero el ladrón jaló el gatillo e hirió a Joel de gravedad. En el Heca le diagnosticaron muerte cerebral. Falleció tras una agonía de tres días. El asesino fue identificado y arrestado. Tiene 20 años y un legajo con varios antecedentes penales. 

La violencia institucional, una práctica muy arraigada en las calles de Rosario, también se coló en esta saga de muertes. Un hombre de 47 años, apodado "Manco Gabi" y conocido entre los vendedores ambulantes del centro, provocó disturbios y desmanes en Vera Mújica al 4400. Los vecinos llamaron al 911 y en cuestión de minutos llegaron varios patrulleros. Según el parte oficial, el Comando Radioeléctrico se lo llevó detenido: “En el traslado se descompensó y lo trasladaron al Heca donde fallece”, explicaron desde el MPA.

Quienes presenciaron el arresto dieron cuenta de "apremios y golpes". El caso quedó en manos del fiscal de Homicidios Culposos Walter Jurado quien ordenó una serie de medidas para dilucidar lo que ocurrió durante la detención. No es la primera vez que un detenido muere en custodia dentro de un móvil policial.

En octubre de 2017, Cristian Ordóñez, de 24 años, murió tras ser retenido en la vía pública. La Policía sostuvo en aquel entonces que el muchacho estaba exaltado y que se descompuso durante el traslado. La familia denunció golpes y un procedimiento muy irregular. El caso quedó archivado ante la falta de pruebas.  

La ola de muertes se cerró con otro homicidio mafioso, el del policía ejecutado con saña en dentro de su auto en barrio Godoy. El fiscal de Homicidios, Miguel Moreno, deslizó que el crimen del policía ocurrido en barrio Godoy pudo haber sido ordenado o ejecutado por alguna banda narco "por las características del caso". La víctima tenía doce orificios de bala en el cráneo. 

El suboficial Cristian Exequiel Ibarra, de 29 años, trabajaba “en el Tribunal viejo” y cumplía tareas en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). Estaba con carpeta médica por un accidente. Su nombre es el último que se sumó a la lista de homicidios de este 2019. El archivo ya tiene más de 100 casos.