Comenzó este martes, con algunas demoras, la audiencia imputativa contra 13 policías y 4 civiles por haber robado dinero que el Estado provincial enviaba para la carga de combustible para los patrulleros. La imputación estuvo a cargo del fiscal José Luis Caterina Según. Según detalló ante el juez Gustavo Pérez Urrechu, las maniobras se hicieron de dos maneras: una mediante sobrefacturación, y otra a través de cargas ficticias, nunca realizadas. Se cree que el perjuicio económico mensual de los últimos diez meses escaló a al menos 45 millones de pesos. La acusación se retomará este miércoles por la tarde. 

La audiencia de imputación se llevó a cabo en la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario, con la presencia de defensores, familiares y prensa. Debido a demoras técnicas, el inicio se postergó más de una hora, ya que los abogados recién pudieron entrevistar a sus clientes detenidos e incomunicados desde hacía más de una semana. Los imputados participaron mediante videoconferencia.

Los efectivos policiales imputados son los altos mandos: el comisario Juan Pablo Pigozzi, a cargo de la Brigada de Orden Urbano, el comisario Gerardo Fabián Ramírez, jefe de Garage y distribución de combustible en la Unidad Regional II, el comisario Rodrigo Domínguez, jefe de la Secretaría Privada de la Unidad Regional II, el comisario Fabián Fantín y el inspector Mario Rodrigo Brest, jefe y subjefe de la Sección Perros y Caballería. Y también fueron acusados Javier Norberto Arce –subinspector del Cuerpo Guardia de Infantería–, Fernando Miguel Ceballos –subinspector del Grupo Táctico Multipropósito–, Jorge Santiago Delgado –subinspector de la División Logística–, Sergio Darío López –subinspector en funciones en el Comando Radioeléctrico–, Gustavo Adrián Bazán –División Logística–, Juan Alberto Villordo –inspector de la brigada motorizada–, Nancy Plomer –empleada de la División Personal– y Franco Cuesta –inspector de la Policía de Investigaciones–.

Por parte de los civiles sospechados se encuentran Daniel Alberto Reynoso, María Fernanda De Franco, Mónica Juana Bianconi y Oscar Artemio Coullery, todos relacionados con el manejo de la estación de servicio Puma de Ovidio Lagos al 3900, lugar en donde se concentraron la mayoría de las operaciones.

La audiencia continuará este miércoles por la tarde, cuando se resolverá la petición del Ministerio Público de la Acusación de dictar prisión preventiva para 16 de los 17 imputados. La única persona que no fue incluida en ese pedido sería una empleada administrativa de la estación de servicio Puma.