El ministro Maximiliano Pullaro ha tenido desde el comienzo de su gestión al frente de la cartera de Seguridad una figura con la que discrepó enérgicamente: los jueces. Principalmente las diferencias que generaron discusiones mediáticas fueron respecto a las salidas transitorias u otras medidas judiciales que, según el ministro, limitan y perjudican la tarea de las fuerzas policiales.

El primer encontronazo se generó en marzo de 2016, a tres meses de asumir su cargo, a partir del asesinato en el centro rosarino del suboficial Mauro Mansilla a manos de Ricardo Albertengo quien al momento del crimen tenía salida transitoria aún con una unificación amplia de penas a cuestas.

“Esperamos que la Justicia tenga una mirada diferente sobre algunos casos, porque es muy difícil para nosotros, y fundamentalmente para el personal policial, ver en libertad a una persona que es atrapada una o dos veces”, afirmó.

Quien recogió el guante fue nada más y nadie menos que el presidente de la Corte Suprema en ese momento, Rafael Gutiérrez: "Lo que le quiero decir al ministro (Pullaro) es que para que los presos obtengan el beneficio de las salidas transitorias lo fundamental es el informe del Servicio Penitenciario, que depende de él".

Lo cierto es que el ministro no dudó en plantarse ante el corporativismo judicial con la idea de defender el trabajo que emprende desde el ministerio y de la fuerza policial, siempre con el respaldo del gobernador Miguel Lifschitz. 

Las escuchas

En noviembre, Maximiliano Pullaro, quedó inmerso en una polémica luego de que le intervinieran una línea telefónica y quedaran registradas dos comunicaciones. Una con el fiscal general, Jorge Baclini, acerca de detención de Adrián Rodríguez, el ex comisario jefe de la 5ta investigado por la causa de las horas Ospe. La otra comunicación con el propio  Rodríguez, hablando de un ascenso.

El quid de la cuestión pasó por la legalidad de las intervenciones solicitadas por el fiscal Roberto Apullán. Pullaro y el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, hablaron de ilegalidad en las formas de acceder a las escuchas ya que al solicitarlas se habría ocultado de quién era la línea a intervenir.    

El Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Distrito de Santa Fe defendió la medida dispuesta por los jueces Sandra Valenti -primero- y Nicolás Falkenberg -después- quienes reafirmaron que esas escuchas fueron “legales y correctas”.

Y negaron alguna animosidad política para perjudicar al gobierno provincial, ya que en muchos casos los jueces desconocen la identidad de la persona sobre las cuales un fiscal le pide autorización para espiarle las conversaciones telefónicas.

De nuevo las salidas transitorias

Este jueves el ministro volvió a manifestar reparos frente al accionar de la justicia, principalmente por la celeridad con que en algunos casos los delincuentes quedan en libertad. Y el esquema de salidas transitorias volvió a la discusión.

"La violencia se profundiza en los últimos días del año y tiene que ver algunas cuestiones estructurales, como pueden ser las salidas transitorias que se le dan a personas que están en el Servicio Penitenciario y salen por las fiestas y vemos la violencia extrema y el robo calificado", explicó Pullaro.

Rápidamente el Colegio de Magistrados de Santa Fe salió al cruce y dijo que el ministro "está desacertado". “Lo llamativo de estos funcionarios es el tratar de sacarse de encima las situaciones y endilgárselas a otro poder de Estado, (…) para decir que el responsable es la justicia porque otorga una salida transitoria que es un derecho”, afirmó.