Este miércoles se cumplen ocho años del crimen de Luis Medina y de su novia Justina Pérez Castelli, sobre el Acceso Sur. Un asesinato mafioso que estremeció la Provincia y tuvo derivaciones políticas que continúan en tinieblas. 

Medina era entonces dueño franquiciante del boliche Esperanto –de efímera trayectoria en Rosario– y se lo vinculaba a una red de narcotráfico con territorialidad en la zona norte de la ciudad. Hay una línea de investigación que apunta a otro narco, Esteban Lindor Alvarado, como posible instigador de aquel crimen. Pero esa pesquisa nunca avanzó. Por eso, el diputado provincial Carlos Del Frade elevó un pedido de informes sobre el estado de esa causa, y reclamó luz sobre la vinculación de Medina con algún interés del gobierno provincial de ese momento, cuando gobernaba el socialista Antonio Bonfatti.

“Se cumplen ocho años del doble asesinato y todavía no hay respuestas claras sobre los asesinos materiales e intelectuales”, precisó el legislador en un comunicado. El diputado de Soberanía Popular aseguró luego que “el crecimiento patrimonial de Medina estuvo vinculado a la autorización para habilitar cuatro empresas con las que lavaba dinero en Rosario”.

Posteriormente destacó que “también crecía su primer socio, Esteban Lindor Alvarado, otro narcoempresario”, y aseguró que “ocho años después, aquel doble crimen marcaba una clave para entender el fenomenal proceso de lavado de dinero por un lado y la violencia urbana por el otro, las dos caras de la misma moneda de la semi colonia que es hoy la Argentina”.

En la madrugada del 29 de diciembre de 2013 el dueño del boliche Esperanto y empresario ligado a venta de autos con antecedentes penales por narcotráfico, transitaba en su DS3 por Circunvalación junto con su novia Justina Pérez Castelli. Venían de bailar y se dirigían al hotel Pullman, del Complejo City Center, donde se hospedaban. Antes de llegar al puente sobre la calle Ayolas, un motociclista los alcanzó y los liquidó de diez balazos a quemarropa.

En 2019 la causa de este doble asesinato narco tomó un giro con una evidencia en la investigación de otro asesinato con tintes mafiosos: el fusilamiento de Lucio Maldonado.

Por la ejecución a balazos del prestamista fue imputado  como instigador Esteban Lindor Alvarado, ya que según sospechan los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, una casa quinta perteneciente al acusado sirvió para mantener secuestrado a Maldonado antes de que lo maten y lo arrojaran a pocos metros del cruce de Oroño y Circunvalación. El cuerpo del hombre fue encontrado boca abajo, maniatado y un cartel con el mensaje "Con la mafia no se jode".

La jueza que se rajó y el ministro comedido

El expediente por el doble homicidio tiene más de tres mil fojas y varias polémicas a cuestas. La primera es con la jueza María Luisa Pérez Vara quien fue condenada a un año de prisión y dos de inhabilitación por incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública por no haber iniciado la investigación tras el asesinato porque se encontraba vacacionando durante su turno. Ella debía haber tomado el caso, pero cuando la fueron a buscar descubrieron que había viajado sin aviso a Cariló.

Luego la mayor polémica giró en torno a una denuncia contra el entonces secretario de Tecnologías para la Gestión de la provincia, Javier Echaniz, y su número dos, Martín Degratti, a quienes se los acusaba de haber desbloqueado la computadora del empresario, secuestrada aquella madrugada en la habitación que ocupaba en el hotel Pullman del casino City Center, sin orden judicial alguna. Estos funcionarios alegaron haber actuado por orden del entonces ministro de Gobierno, Rubén Galassi.

A fines de 2015, el fiscal penal Adrián Mac Cormack concluyó en que los dos funcionarios del gobierno de Antonio Bonfatti no incurrieron en un delito cuando manipularon la notebook. La única explicación oficial de entonces fue que se metieron para prestar colaboración.