El brutal triple crimen ocurrido el domingo 9 de febrero en el barrio Villa Banana de Rosario continúa generando conmoción y controversia. Sicarios en moto abrieron fuego contra cinco personas, dejando tres muertos por múltiples impactos de arma de fuego. Una de las hipótesis que se maneja es que el ataque estaría vinculado a un conflicto en un punto de venta de drogas en la zona oeste de la ciudad.

Ante este escenario, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe abordó la situación y, a través del legislador Carlos del Frade (Frente Amplio por la Soberanía), se promovió una iniciativa para solicitar al Ejecutivo provincial un informe detallado sobre las demoras en la implementación de los dispositivos necesarios para garantizar la protección de los testigos del triple crimen. Además, el informe solicitado también debe incluir explicaciones sobre la filtración de los domicilios de las personas sobrevivientes al ataque.

Del Frade recordó que el crimen ocurrió en una plazoleta de las calles Rueda y Lima, donde varias personas fueron fusiladas. Damián Soplan, de 43 años, falleció en el lugar, mientras que su pareja, Eliana Deasis, de 36 años, murió horas después, y Fabián Alejandro Soplan, de 25 años, sucumbió a sus heridas al día siguiente. Además, dos jóvenes de 26 y 16 años resultaron gravemente heridos.

El legislador también destacó el informe del periodista Martín Stoianovich, quien en un medio local relató que según testigos, los atacantes llegaron en moto, uno de ellos se bajó y se dirigió directamente a Damián Soplan, abriendo fuego contra él y luego contra los demás presentes.

Zona de alta conflictividad

En los fundamentos de su proyecto, Del Frade incluyó información sobre la actividad narcocriminal en la zona. Según allegados a las víctimas, se intentó asesinar a todos los presentes para evitar que quedaran testigos. En este contexto, se mencionó a la banda narcopolicial de Dalmacio "el Sapo" Saravia, quien estaría vinculado a organizaciones criminales internacionales, como el Primer Comando Capital de San Pablo.

Para la organización social "Causa", presente en la zona desde hace décadas y responsable de recuperar un club y levantar una escuela llamada "Corazón de barrio", aunque ha aumentado el patrullaje, las amenazas verbales, telefónicas y por redes sociales generan una fuerte preocupación entre los vecinos.

Protección de testigos: una respuesta insuficiente

A pesar de las graves circunstancias, el diputado informó que hasta el momento solo una persona ha sido incluida en el Programa Provincial de Protección a Testigos y Víctimas. Como medida de seguridad, se ha dispuesto una ronda policial en la zona donde se encuentra alojada esta persona, pero Del Frade señaló que otras familias han tenido que abandonar el barrio debido a las amenazas que enfrentan.

El legislador expresó la urgencia de que los familiares y la comunidad puedan despedir a una de las víctimas con seguridad, lo cual implica la contratación de un servicio fúnebre con custodia adecuada. Además, hizo hincapié en la necesidad de ofrecer alojamiento seguro para las familias que están siendo hostigadas.

Para resolver la situación, Del Frade solicitó la creación de una mesa de trabajo urgente y ejecutiva, con presupuesto asignado, que permita tomar decisiones rápidas y efectivas sin burocracia adicional.

El rol de la organización social y la falta de respuesta estatal

En su iniciativa, el diputado resaltó que las gestiones para afrontar la crisis han sido lideradas casi en su totalidad por la organización social "Causa". Entre las acciones realizadas, se incluyen el traslado de personas amenazadas, alojamiento, contención psicológica, atención médica, alimentos, asistencia jurídica, acompañamiento a la Fiscalía, diálogo con el fiscal, vinculación con el Programa de Protección a Testigos y trámites de sepelio.

"Es urgente que el Estado, en todos sus niveles, tome conocimiento de las situaciones de violencia y, en articulación con la organización social y la comunidad, forme un comité ejecutivo para abordar la delicada y trágica situación que vive la población de Villa Banana", agregó Del Frade en su solicitud de informe.

Finalmente, el diputado exigió una explicación sobre la filtración de los domicilios de los sobrevivientes y la demora en la protección de los mismos por parte de las autoridades provinciales.