Los fiscales Schiappa Pietra y Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, solicitaron 12 años de prisión para el ex jefe de fiscales, Patricio Serjal, acusado de recibir coimas para permitir el funcionamiento de una red de juego clandestino. Asimismo, pidieron cinco años para Nelson Ugolini, empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) acusado de encubrimiento.

Además, solicitaron la inhabilitación absoluta perpetua con una pena de 90 mil pesos por ser considerado organizador de la asociación ilícita "en concurso ideal con los delitos de cohecho pasivo agravado, falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público; y en concurso real con peculado de servicios y omisión de persecución".

En el caso de Ugolini, solicitaron además una multa de 90 mil pesos más la Inhabilitación especial para ocupar un cargo o empleo público por diez años por considerarlo miembro de la asociación ilícita "en carácter de autor, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo también en carácter de autor".

Cabe recordar que en febrero de este año, Serjal obtuvo la libertad con una serie de restricciones y una caución de 10 millones de pesos luego de permanecer detenido casi 18 meses. Fue aprehendido en agosto de 2020 e imputado de cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, transmisión de datos reservados y omisión de persecución.

Junto a él cayó también el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, acusado de formar parte del engranaje para cobrarle entre 4.000 y 5.000 dólares por mes al capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti, con el fin de advertirle sobre causas en su contra y omitir investigarlo.

Ponce Asahad fue condenado en septiembre de 2021 a seis años de prisión –pena reducida a la mitad por su condición de "imputado colaborador"- y Peiti sentenciado en diciembre a la misma pena y el pago de una multa por 47 millones de pesos, en ambos casos en procedimientos abreviados.

En la previa del juicio, los fiscales acusaron a Serjal de haber sido "el organizador de la cobertura judicial quien abusando de su cargo daba directivas a Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Peiti en causas vinculadas a juego ilegal".

Por su parte, Ugolini fue acusado de usufructuar ilegalmente su cargo de empleado del Poder Judicial. Según los fiscales, tenía como tarea asignada dentro de la organización la de transmitir información reservada y necesaria para garantizar el normal funcionamiento y la continuidad del negocio del juego clandestino.