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El representante legal del ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone, condenado a cadena perpetua por cometer crímenes de lesa humanidad, solicitará que el genocida sea beneficiado con el polémico fallo de la Corte Suprema que aplicó el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña. La decisión del abogado defensor del militar alertó a los organismos de Derechos Humanos de Rosario -donde Díaz Bessone comandó la represión militar- que se opusieron a la medida judicial. 

"Los fallos de Corte no son de aplicación inmediata", aclaró Gabriela Durruty, integrante del equipo jurídico de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9.

Según explicó la letrada, la sentencia de Díaz Bessone aún no tiene "confirmación del Tribunal de Casación" pero sí del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario.

"Hicimos un pedido para que en todas las causas de Rosario se nos permita opinar, en cada uno de los pedidos", manifestó la abogada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. "Muchas veces, en los trámites que tienen que ver con la libertad de los acusados, a la querella no se le da participación".

El 26 de marzo de 2012, el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario condenó a prisión perpetua al ex jefe del II Cuerpo de Ejército Ramón Díaz Bessone y al ex comisario José Rubén Lo Fiego. Los ex policías Mario Marcote, Ramón Vergara y Carlos Scorteccini fueron sentenciados a cumplir 25, 12 y 10 años de prisión, respectivamente. El único civil imputado, Ricardo Chomicky, fue absuelto.

La “megacausa Feced”, luego denominada “Díaz Bessone” comenzó a ser tramitada en juicio oral en julio de 2010 por los delitos de homicidio, privación de la libertad, torturas y asociación ilícita. Se la considera la más significativa de la provincia por la cantidad de casos que se juzgaron.

En esta causa se investigaron crímenes de lesa humanidad cometidos contra 93 personas en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario, el más grande de la provincia, ya que se calcula que por él pasaron entre 1.800 y 2.000 personas.

"El movimiento de Derechos Humanos siempre se ve en esta encrucijada", indicó Durruty y agregó: "Esperamos que la Corte respete los tratados internacionales, pero como siempre, el único camino es el litigio y la movilización popular".