Narcos y apretadores a las órdenes desde prisión y con apoyo de una mamá policía

La jueza penal Silvia Castelli imputó a dos jóvenes y a la madre de uno de ellos –a la sazón, suboficial de Policía– por asociación ilícita con derivaciones como la extorsión mafiosa con armas instigada con órdenes desde prisión, y maniobras para eludir investigaciones judiciales.

Se trata de Matías César, de 25 años, detenido en la Unidad Penal nº 11, de Piñero, imputado a instancias del fiscal Pablo Socca como jefe de asociación ilícita. El otro es Kevin F., de 22 años, acusado de ser miembro de esa organización delictiva con su madre, Analía Lorena F., de 47 años, suboficial de la Unidad Regional II de Policía, actualmente en uso de licencia por razones médicas. 

Madre e hijo habían sido detenidos días atrás en un departamento de Mendoza y Juan Manuel Rosas, barrio Martin, adonde se habían mudado hacía pocos días, para tomar distancia del barrio Ludueña donde estaba el teatro de operaciones de la gavilla comandada por César. 

El fiscal atribuyó a Matías César y a otros tres cómplices ya imputados y a un grupo de personas algunas fallecidas, otras prófugas de la Justicia, y menores de edad, “haber formado parte de una asociación ilícita que se dedicó a cometer delitos contra las personas, contra la vida, contra la propiedad, contra la administración pública, contra la seguridad pública, contra la salud pública; en Rosario”.

El portavoz de Fiscalía precisó que “esta organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad de Rosario - principalmente Ludueña y Empalme Graneros- y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas”.

En busca de ese objetivo, la banda –relacionada con un sector del clan Los Monos– cometió delitos varios: homicidios, amenazas, abuso de armas, portación y tenencia ilegal de armas de fuego, venta ilegal de estupefacientes y casi 40 hechos de extorsiones (algunas seguidas de “balaceras” - abuso de armas-) a comerciantes y otros habitantes de barrio Ludueña y Empalme Graneros", se informó. 

La jueza Castelli consideró veraz que César y secuaces en prisión ordenan a conocidos que residen en su zona de influencia desplegar esas maniobras delictivas. Lo hacen desde al menos julio de 2021 hasta hoy.

Lo que sigue es información del Ministerio Público de la Acusación: “Matías César se encarga en algunas oportunidades de realizar personalmente las extorsiones a comerciantes y/o bandas rivales, desde teléfonos celulares que utiliza adentro de la cárcel, como así también habilita amenazas -realizadas por terceros- a fiscales y/ funcionarios públicos encargados de la investigación de estos delitos. Asimismo, se encarga de proporcionar material estupefaciente (cocaína, marihuana) que obtiene de personas -no identificadas a la fecha- para luego “bajar” la misma a los referentes designados, siendo estos Andy B., Julián A., Oscar R. Jonatan A., y Mauro G. quienes a su vez rinden cuentas escalonadamente a los mandos altos de lo recaudado y se responsabilizan personalmente por cualquier perdida ya sea de dinero, armas y/o material estupefaciente”.

En cuanto a Kevin F, se lo acusa de cumplir las órdenes de César perpetrando amenazas o extorsiones, distribuir droga a los vendedores y luego retirar el dinero recaudado, conseguir balas y suministrarlas a los “tiratiros” de la organización. Asimismo, el fiscal lo señaló en la tarea de “vigilar casas usurpadas por la banda cuidando el patrimonio ilícito de la banda”.

Pero además, Kevin gozaba de cierta información privilegiada: la que le proporcionaba su madre, Analía F., miembro de la Policía que supo revistar en el staff de la polémica comisaría 12ª, de barrio Ludueña. “Por ser suboficial de Policía de la provincia de Santa Fe le informaba sobre las investigaciones en curso de esta fiscalía y de otras agencias del Estado, para luego compartirla con otros integrantes de la organización, con el fin de poder eludir, esquivar y evitar la acción de la justicia”, acusó Socca.

La suboficial de Policía quedó detenida e imputada por haber ayudado a uno de los delincuentes, Jonatan A. y otros “filtrando información privilegiada que obtenía abusando de su función, evitando y omitiendo denunciar diversos delitos de acción pública que llegaban a su conocimiento. La información que brindaba tenía por objeto advertir o prevenir a los miembros de la banda sobre el curso actual de las investigaciones existentes en su contra y sobre futuros allanamientos, procedimientos, operativos u órdenes de captura que la fiscalía a cargo del Dr. Pablo Socca estaba llevando adelante”, agregó la información oficial. Todo eso, entre agosto de 2022 y el día de su caída, el 1º de marzo pasado.