El discurso del gobierno para justificar las restricciones impuestas a la política migratoria no tiene correlato alguno con las estadísticas sobre la población extranjera en el país. El decretó que modificó la ley 25.871, aprobada en 2014 por unanimidad, sostiene que el 22% de los presos alojados en las cárceles no son argentinos. Las cifras del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep)  marcan que en 2015 las personas extranjeras —procesadas y condenadas— eran 4.449 sobre un total de 71.464 detenidas, es decir un 6%.

También se dijo que son muchos los extranjeros que incursionan en el delito una vez que se radican en el país. "La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico, por ejemplo  una gran preocupación para nosotros", reiteró en varias ocasiones la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Sin embargo, los datos oficiales que figuran en los registros de Migraciones desmienten un problema extendido de residentes con problemas con la ley por delitos graves, como, por ejemplo, el tráfico de drogas.

Entre el 2011 y el 2015, Argentina entregó 632.440 residencias permanentes. La mayor población arribó de los países de la región: 44,28% de Paraguay, 25,50% de Bolivia, 13,72% de Perú, 3,62% de Colombia y 3,41% de Brasil. El país también recibió un flujo migratorio de algunos países que se denominan desarrollados. Se instalaron 3.227 estadounidense Estados; 4.289 españoles; 7.435 chinos, 1.618 italianos y 1.021 franceses.

En ese mismo período, la dirección de Migraciones expulsó a 2.882 residentes por violar el artículo 29 de la ley, referidas a los delitos. “Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros al Territorio Nacional: haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más.

La cifra representa tan solo el 0,45% del total de extranjeros que se asentaron en el país entre 2011 y 2015. Los porcentajes son ínfimos en todas las migraciones, tanto de países limítrofes como las de otro continente. Son muy pocos los residentes de “países peligrosos”, según la propia definición del gobierno ("Vienen ciudadanos paraguayos, peruanos y colombianos que se terminan matando por el control de la droga", aseveró Bullrich días atrás), deportados en los últimos años por cometer algún delito que en la legislación argentina tenga una pena mayor a tres años de prisión.

Perú un 0,50% (462 residentes de 92.720); Colombia un 0,45% (235 de 51.174); Bolivia un 0,31% (496 de 155.148); y Paraguay un 0,23% (591 de 255.926). Todos los valores creen un poco respecto a las expulsiones que devienen de problemas de papeles, el otro motivo por el cual el país puede quitar una residencia otorgada: entre 2011 y 2015 fueron 3.025 en todo el país.

Rosario, una de las delegaciones con menos expulsiones

Las estadísticas que aparecen en la página de Migraciones arrojan datos sobre la cantidad de migrantes expulsados por delegación. Rosario contabiliza 15 residencias canceladas por delitos entre el 2009 y 2015 (primer trimestre): 6 en 2009, 2 en 2010, 2 en 2011, 1 en 2012, 2 en 2013, 2 y en 2014.

La cifra está  muy por debajo de otros distritos: Sede Central (Buenos Aires) 3091; Jujuy 313; Posadas 288; Mar del Plata 85; Córdoba 29; Mendoza 36; Corrientes y Entre Ríos 29, por citar algunas ejemplos

En el período 2012/2015, la delegación de Rosario entregó 9.180 permisos de radicación y expulsó a cinco personas, lo que arroja un porcentaje del 0,05%.