__tadevel:head__

Las cinco personas detenidas el pasado martes en los allanamientos realizados por Afip en el centro rosarino, acusadas de hacer conformado una organización que creaba facturas falsas y empresas fantasmas, optaron por no declarar y seguirán presas hasta que se defina su situación procesal.

Cuatro de los detenidos asistieron este miércoles al mediodía a la indagatoria del juez Carlos Vera Barros, donde se negaron de hacer declaraciones. El quinto detenido también se abstuvo, pero se encuentra con prisión domiciliaria por cuestiones de salud.

El juez determinó que todos permanecerán detenidos hasta se resuelva su situación procesal, y la fiscalía les atribuyó delitos tributarios con penas de prisión efectiva, de entre 3 años y medio a 10 años.

Según fuentes cercanas a la investigación, la organización operaba con 72 cuits y vendía facturas manuales y electrónicas falsas a unas 6.500 empresas. A los cinco detenidos se suma además un prófugo y otras 15 personas que tienen restringida la salida del país.

Gracias a que tenían llegada a comercios de todo el país, se estima que evadieron 2.500 millones de pesos. El perjuicio sería de 247 millones de pesos, por emitir 29 mil comprobantes electrónicos irregulares por más de 1.200 millones de pesos.

Durante el procedimiento se allanaron 35 domicilios de la ciudad y se libraron inhibiciones generales de bienes a todos los integrantes de la presunta agrupación delictiva, y con ésto el juez logró recuperar al menos parte del alto monto estafado al fisco.

El titular de la regional Santa Fe del organismo, Carlos Vaudagna, detalló en diálogo con la prensa que “las más de 6500 empresas son de todo el país, de las cuales 2200 son de Rosario y localidades aledañas", y por otra parte destacó: "Hay 115 empresas a las que les corresponde la ley penal tributaria porque superan la condición objetiva de disponibilidad”. 

La entidad fiscalizadora identificó a cerca de 80 personas, entre las que hay escribanos, contadores, informáticos y personal de áreas administrativas y comerciales, sobre los cuales habían realizado intervenciones telefónicas para obtener los detalles del accionar delictivo.