María Antonia Gauna, una maestra de la localidad de Arequito, fue condenada en 2005 a la pena de prisión perpetua y estuvo presa desde el 6 de febrero de aquel año hasta el 20 de diciembre de 2016, casi doce años de su vida, por un delito que finalmente la Justicia comprobó que no cometió.

La habían acusado de matar a su esposo, el agricultor Omar Bartorelli, cuando dormía en la casa que habitaban en esa localidad del departamento Caseros, para luego intentar suicidarse con cortes en los brazos, pero un peritaje médico posterior y la declaración de un cirujano revelaron que la mujer jamás pudo causarse a sí misma esas heridas. Es decir que existió un atacante y que ella era inocente. La causa dio un giro de 180 grados.

Es por esto que la mujer denunció a la Provincia por haber sido injustamente condenada, y este lunes fue dictada la sentencia del Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual Nº 2 de Rosario, que resolvió establecer el monto de siete millones de pesos por el lucro cesante: la pérdida de su fuente de ingresos en la docencia, por daños y perjuicios entre capital e intereses.

Con la sentencia condenatoria ya firme, y con el patrocinio del abogado Hernán Martínez, la mujer que vivió casi 12 años privada de su libertad planteó el recurso de revisión para que la Corte Suprema la anule. Y el máximo tribunal hizo lugar a la revisión anulando el fallo, y dispuso la absolución y ordenó la libertad.

En la resolución del Tribunal Extracontractual se destaca que la Ley Provincial 7.658 dispone en el artículo 1 que “cuando prospere el recurso de revisión, interpuesto en favor de una persona condenada por error judicial excusable, a pena privativa de la libertad o a inhabilitación de cumplimiento efectivo, aquella tiene derecho a reclamar de la Provincia una equitativa indemnización, ajustada en su medida a la duración de la eventual excarcelación y a las consecuencias personales y familiares derivadas de la condena”.