La Provincia recibirá 100 millones de pesos de Nación para aplicar a proyectos de modernización en materia judicial, en especial en lo que refiere a equipamiento forense para investigaciones penales. El convenio redundará en beneficio del fuero penal provincial, así como también del federal.

El gobernador Miguel Lifschitz y los ministros de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de la provincia, Germán Garavano y Ricardo Silberstein respectivamente, firmarán este jueves en Rosario un convenio con el fin de fortalecer la investigación criminal en toda la provincia.

El convenio se inscribe en el Programa “Justicia 2020” que impulsa el gobierno nacional, que brinda apoyo a las justicias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la innovación judicial como objetivo. Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe adelantaron que el requerimiento de la provincia está relacionado con invertir en laboratorios y áreas de informática del Poder Judicial Provincial y Federal. 

Entre otros, se adquirirán equipos e insumos tanto para trabajar en lo que se llama la escena del crimen, como para realizar estudios de ADN, anatomía patológica y autopsia, además de comparadores balísticos y pericias documentales. También se modernizarán las áreas de informática con la incorporación de software, servidores y sistemas de reconstrucción pericial accidentológicos, entre otras herramientas.

“Nos parece muy valioso que se pueda avanzar en materia de cooperación y asistencia financiera para seguir fortaleciendo el sistema de justicia de Santa Fe, algo que la provincia viene trabajando fuerte desde hace años”, afirmó el ministro Silberstein, al tiempo que sostuvo que “el equipamiento será utilizado para realizar investigaciones penales, sobre todo para recolectar y analizar las pruebas”.

La Provincia viene llevando adelante en la última década una profunda reforma de su sistema penal, que ha incluido la sanción y puesta en práctica de un nuevo Código de Procedimientos y la creación de nuevas instituciones, como el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de Defensa Penal.

En febrero de 2014 comenzó a regir plenamente el modelo acusatorio basado en audiencias orales y públicas y a principios de este mes el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura cuatro proyectos de ley para el fortalecimiento de la justicia, entre ellos la Ley de Traspaso (de las causas que se iniciaron con el viejo sistema penal al nuevo modelo acusatorio) y un nuevo Código Procesal Penal Juvenil.