El ex fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio Fernando Rodrigo, fue imputado este viernes por haber ordenado escuchas a su ex pareja y a su entorno personal y familiar hace dos años, sin que hubiera motivos judiciales para hacerlo. Se trata del primer caso de un funcionario desplazado e imputado del Ministerio Público de la Acusación.

La fiscal Natalia Benvenuto le imputó cuatro hechos con características similares, por haber pedido interceptación de comunicación telefónica y mensajes de texto de 12 números de teléfonos con el fin de obtener información reservada de personas que no estaban siendo investigadas por la justicia. No hubo pedido de medida cautelar, por lo que permanece en libertad, y el juez Pablo Pinto dio por cumplimentada la imputación.

En agosto de 2017, una compañera de trabajo de Rodrigo en la Fiscalía que había sido su pareja, lo denunció penalmente por ordenar la intervención de su línea telefónica y la de su entorno familiar y personal.

Luego de la denuncia que originó la investigación, se sumaron otras tres compañeras a la denuncia por tener los celulares intervenidos. Una de ellas había tenido previamente una relación de pareja con el fiscal, y las otras dos son amigas de la primera denunciante.

Rodrigo fue apartado de su cargo tras la investigación administrativa, y transcurrió estos dos años en libertad. Solicitó licencia psiquiátrica y presentó su renuncia ante el gobernador Miguel Lifschitz, para evitar así que fuera sometido a un jury de enjuiciamiento.

La causa pasó luego a manos de la Justicia Federal, a cargo de delitos relacionados a las telecomunicaciones, pero luego volvió a esferas provinciales por incompetencias.

Cronología

La calificación legal de la imputación que Benvenuto dictaminó fue “por peculado de trabajos y servicios públicos en concurso ideal con falsedad ideológica y uso de instrumento público agravado por su calidad de funcionario público en calidad de autor”.

Voceros del MPA detallaron que esta calificación fue por haber confeccionado esta serie de solicitudes de interceptación de comunicación telefónica y mensajes de texto de 12 números de teléfonos, “con el fin de obtener información reservada de personas que no estaban sujetas a investigación, y para ello utilizo investigaciones penales preparatorias a su cargo para solicitar la medida de investigación ante la autoridad competente”.

El primer hecho fue el 25 de agosto de 2016, cuando emitió la solicitud escrita de intervención telefónica de cuatro celulares por el plazo de 30 días al Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Rosario. Figuraba dentro de una causa de “robo calificado y privación ilegítima de la libertad”, donde intervino los teléfonos de su ex pareja, un amigo de la misma, una amiga y una cuarta persona.

Al fundar la solicitud, expresó que desde el 23 de marzo de 2015, hasta entonces se habían registrado un total de 14 hechos ilícitos de robos calificados o hurtos agravados de automotores, teniendo todos el mismo “modus operandi”, lo que motivó la unificación de las investigaciones a su cargo, a los fines de dilucidar una posible asociación ilícita. Posteriormente, logró que la solicitud sea autorizada por un juez de Primera Instancia, solicitó tres oficios a la DICOM (en la actualidad DAJUDECO) y tres oficios sintéticos al Gerente de Oficios Judiciales.

El segundo hecho fue el 3 de abril de 2017, cuando emitió otra solicitud escrita de intervención de las comunicaciones telefónicas y radiales por el plazo de 30 días, en cuatro fojas con su firma al Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Rosario dentro de una causa de leyes especiales “para el desarmado de automotores y ventas de sus autopartes”. Allí intervino los teléfonos de su ex pareja, un amigo, dos amigas, el padre y un conocido de la misma.

Luego pidió una prórroga de la intervención de las comunicaciones telefónicas y radiales por el plazo de 30 días el 2 de mayo del mismo año.

El tercer hecho fue el 21 de junio, cuando pidió intervención de las comunicaciones telefónicas y radiales por 30 días ante el Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Rosario referenciando una investigación por causa de autopartes, donde intervino los teléfonos de su ex pareja, una amiga, una pasante que tenía a su cargo, la hermana, hermano y madre de su ex pareja junto con otra amiga.

Por ultimo el 27 de julio solicitó intervención de las comunicaciones telefónicas y radiales por el plazo de 30 días, al Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia de Rosario,  referenciando una investigación por causa de autopartes, interviniendo los mismo teléfonos del tercer hecho descripto.

Para obtener cada una de las escuchas, Rodrigo argumentó falsamente y pidió un informe de la Policía de Investigaciones respecto a posesión y venta de autopartes de dudosa procedencia, considerando procedente la medida para poder avanzar en la investigación y conducente, siendo que el delito investigado -sustracción y comercio ilegal de automotores- es un delito complejo que involucra a bandas y organizaciones criminales que actúan en todo el territorio de la república. Una vez conseguida autorización de un juez de Primera Instancia libró tres oficios a la DAJUDECO y tres oficios sintéticos al gerente de Oficios Judiciales Prestataria que correspondía.