En el 46° aniversario del último Golpe de Estado, el fiscal federal Adolfo Villate, quien se ha dedicado a causas penales sobre delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del Comando del II Cuerpo de Ejército, hizo un repaso de las diferentes investigaciones que se vienen llevando a cabo en el último año y anticipó: "Creo que Feced 5 va a ser la causa más grande en cantidad de víctimas".

"Estamos avanzando en la investigación de lo que sería Feced 5, donde hay una enorme cantidad de casos", manifestó el titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario, en diálogo con Rosarioplus.com; y continuó: "Creo que va a ser, de todos los Feced, el más grande en cantidad de víctimas".

Respecto a la búsqueda de víctimas para la causa contra la patota del ex jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, Villate comentó: "Hicimos un relevamiento, en los juicios anteriores, de personas que habían sido mencionadas como víctimas por testigos y que no habían sido consideradas como casos. Esto se da mayormente en personas que eran satelitales a las organizaciones de militancia de aquel momento o directamente no tenían militancia y fueron secuestradas unos días".

Villazo y robo a Tribunales

La semana pasada, los jueces federales de Rosario Marcelo Bailaque y Carlos Vera Barros elevaron a juicio oral y público dos causas emblemáticas de la región: la represión desatada en marzo de 1975 contra trabajadores y trabajadoras del cordón industrial de esa ciudad con posterioridad a las protestas por reclamos laborales en Villa Constitución, conocidas como "el Villazo" y el ataque en octubre de 1984 a un juzgado provincial y el robo de medios probatorios que comprometían en crímenes de lesa humanidad a camaradas de los dos exagentes de inteligencia acusados en la causa.

Sobre la sustracción de documento en los Tribunales provinciales, el fiscal federal dijo: "Este robo hizo que se perdieran muchas pruebas valiosa que se había logrado obtener en ese momento".

En ambas causas, la elevación a juicio no se materializó (falta el sorteo del Tribunal), pero ya está la resolución del magistrado.

De cómplices a víctimas

Además, el próximo lunes 28 de marzo, se iniciará el juicio por cuatro víctimas de la dictadura que habían sido consideradas colaborados del grupo de tareas que estaban en el Servicio de Informaciones.

"Eran cuatro víctimas (Ricardo Chomicki, Nilda Folch, José Baravalle y Graciela Porta) que fueron secuestradas, y por el hecho de que después empezaron a prestar alguna colaboración dentro del centro clandestino de detención fueron consideradas como integrantes de la patota de Feced", explicó Villate.  

"Una de las finalidades del aparato represivo es quebrar la personalidad", indicó el funcionario judicial, y agregó: "Ellos son dueños de tu vida y cada persona busca las estrategias que puede para sobrevivir. Puede haber un juicio moral, de parte de los compañeros de militancia, pero ese juicio no puede ser jurídico".

Chomicki permaneció en calidad de desaparecido hasta febrero de 1977, fecha en que pasó a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. De acuerdo con su propio testimonio, allí fue sometido, como el resto de los detenidos, a torturas y vejámenes por parte de las fuerzas represivas. Sin embargo, sobrevivientes, familiares y testigos de ese Centro Clandestino de Detención lo acusaron de haber colaborado en la captura de otros compañeros y de haber participado activamente de la imposición de tortura a otros detenidos.

La detención de Ricardo Chomicki por las fuerzas represivas se produjo de manera simultánea a la de su pareja, Nilda Folch, conocida como la Polaca, también acusada de haber colaborado activamente con el aparato represivo. 

José Baravalle, el Pollo, fue militante de la organización Montoneros y tras ser secuestrado a mediados de 1976, luego de cinco días de brutal tortura, se quebró y pasó a formar parte de la Patota de Feced. Junto a Graciela Porta su compañera, formaron una de las parejas más condenadas por sus propios compañeros de militancia.

"Tras la absolución de Chomicki queda allanado el camino para considerarlo una víctima", señaló el titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario.

Causa Guerrieri

"Debería iniciarse en el curso de este año el cuatro tramo de una causa ya conocida (Guerreri), hay muchos casos nuevos, también se juzgan casos viejos porque hay algunos imputados que estaban en condición de rebeldes", comentó Villate. El represor Pascual Oscar Guerrieri, ex agente del Batallón de Inteligencia 601 y jefe del centro clandestino de detención conocido como Quinta de Funes.

Pericias por pantalla

Al ser consultado sobre la dependencia del poder Ejecutivo para la investigación de las causas de lesa humanidad, el fiscal manifestó: "Sin dudas depende, porque hay estructuras que estuvieron a disposición de estas investigaciones y durante el macrismo se disolvieron. Había áreas en los Ministerios de Defensa y Seguridad que tenían muchos recursos destinados a hacer compulsa de archivos y legajos que nos aportaron mucha información".

"Tenemos el problema de que el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quién debe dictaminar si una persona puede o no estar en juicio, pretende seguir realizando las pericias de forma virtual", apuntó Villate, y agregó: "No es lo mismo hacer la pericia de una persona de forma virtual que presencial, sobre todo a lo que refiere a la evaluación de la capacidad psicológica de una persona para comprender sus actos y lo que implica un proceso".

 "El cuerpo médico forense está poniendo obstáculos para hacer la pericia de la mejor forma posible, para tener un resultado indudable", criticó.