El secretario de Gestión Pública de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza, reveló que durante el año pasado la Agencia de Bienes Decomisados escrituró cuatro departamentos confiscados en el marco de investigaciones penales a título del Estado santafesino. Esos inmuebles habían funcionado como prostíbulos y, a partir del mecanismo conocido como "extinción de dominio", el Estado provincial los desapoderó de la banda delictiva investigada y los convirtió en domicilios transitorios para personas en riesgo, tales como víctimas de violencia de género o testigos de identidad reservada en causas penales sensibles. 

"En la provincia implementamos un paso importante en contra del crimen organizado, hicimos por ley la Agencia de Bienes Decomisados, se logró un acuerdo institucional muy importante con todos los sectores políticos de la provincia. Luego de ser aprobado por ambas cámaras por unanimidad. Durante el 2017 lo empezamos a implementar y en octubre de ese año logramos la primer subasta pública y pudimos vender 18 vehículos que provenían de distintas organizaciones criminales", introdujo el funcionario provincial en diálogo con Ariel Bulsicco por Sí 98.9

—¿Con cualquier tipo de delito se puede decomisar y subastar bienes ?

—Es importante aclarar que Santa Fe lo pudo hacer por delitos provinciales, porque son la competencia que tenemos, es decir que en casos de narcotráfico la agencia no puede participar, pero si la organización criminal comete delitos provinciales ahí sí podemos actuar, como hemos hecho con Los Monos, que más allá de la venta de drogas -que es un delito federal- también fueron imputados por homicidio u organización ilícita en esos casos si la agencia pudo participar porque esas causas se tramitaron en tribunales provinciales. Por poner un ejemplo, si la agencia recibe un auto, durante 6 meses no lo podemos vender; pero luego de ese tiempo, si el bien secuestrado no tiene carácter probatorio, ya lo podemos subastar por más que la causa siga en curso.

Matías Figueroa Escauriza
Matías Figueroa Escauriza

Figueroa Escauriza puso como ejemplo un caso puntual: "Un hecho inédito de la Agencia es que durante el 2018 escrituramos cuatro departamentos que se utilizaban como prostíbulos. Tomamos posesión y los inscribimos a nombre de la Provincia. Hoy esas viviendas las están utilizando ciudadanos que por algún motivo sus derechos fueron vulnerados y necesitaban un hogar. 

—¿Cuál es tu opinión sobre el decreto de necesidad y urgencia del presidente sobre la extinción de dominio y cuál es la diferencia con la Agencia de Bienes Descomisados? 

—La diferencia es que el presidente sacó un DNU y nosotros tenemos una ley provincial aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Eso nos da un respaldo mayor. Con respecto a la retroactividad del decreto de 15 años para atrás, eso lo mencionaron varios ministros nacionales pero no figura concretamente en el DNU. En Santa fe tenemos la vigencia de la ley desde el 8 de marzo de 2017; desde ahí en adelante podemos funcionar.

—¿Cuál es tu mirada sobre las declaraciones del ministro Pullaro, que avaló el DNU de Macri?

—Un decreto es mucho más endeble que una ley y realmente si estamos pensando que estamos yendo contra las mafias y el crimen organizado, debemos tratar de hacer lo mejor posible para que estos grupos no puedan burlar la implementación de estas políticas públicas. Por eso apelamos a que el Congreso de la Nación sancione esta ley.