Pese al pedido de los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, quienes solicitaron que Omar Scarel continúe en prisión, el juez Nicolás Foppiani resolvió que el director de Vicentin seguirá el proceso en libertad y a cambio deberá pagar una caución por 500 mil dólares.

El presidente de Vicentin, Omar Scarel, compareció este miércoles en el Centro de Justicia Penal, detenido en prisión preventiva a pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos. Y en esa condición fue imputado por el delito de "desobediencia en grado consumado" de dos medidas cautelares impuestas por la Justicia en 2020, en torno al concurso preventivo de acreedores del gigante agroexportador en default y la causa penal por estafa contra todo el directorio.

Si bien se esperaba que Scarel continúe el proceso bajo prisión, a la hora de tomar la decisión, el juez Foppiani, deslizó: "Cuesta pensar que se haya intentado un delito tan burdo con una compra venta por 300 millones de dólares con toda la sociedad mirando. Publicar en Internet en el sitio del concurso una propuesta que violaba una cautelar, más allá de que haya sido un contrato enmarañado, me parece que era imposible que se hubiese materializado". 

Al momento de hablar, el titular del directorio alegó que llevó adelante la maniobra por la que se lo acusa, para "salvar a la empresa". Los fiscales que lo acusaron pidieron al juez que continúe en prisión preventiva por riesgo procesal, es decir, porque en libertad puede seguir violando la ley y agravar el vaciamiento del grupo en default. Algo que finalmente no sucedió.

El pedido de los fiscales

Los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno formalizaron la acusación contra el ejecutivo por violar la orden judicial de no innovar en cuanto a la propiedad de acciones en empresas del grupo Vicentin. Según el planteo fiscal, Scarel urdió una maniobra por la que transfirió el 28 de abril el 33,3 por ciento de acciones de la fábrica de biodiesel Renova, por 310 millones de pesos a la empresa Viterra, y así perjudicar a la masa de acreedores del concurso preventivo que se le sigue en el juzgado de Fabián Lorenzini, en Reconquista. 

El fiscal Moreno argumentó en su alegato que Scarel falseó balances y consignó como propiedad de Vicentin granos acopiados que no eran suyos. Agregó que el directorio simuló una posición de la empresa que no era real, con tal de seguir tomando cargas de productores granarios hasta el día antes de declararse en default, el 20 de diciembre de 2020.

Omar Scarel, detenido, en la sala de audiencia donde sumó otra imputación. (foto RosarioPlus)
Omar Scarel, detenido, en la sala de audiencia donde sumó otra imputación. (foto RosarioPlus)

"El señor Scarel tuvo una participaron insoslayable en esta maniobra", remarcó y comentó el contenido de una escucha telefónica en la que el CEO le pregunta a un joven recién graduado en Derecho si ya estaba matriculado, como para firmar esos balances fraguados.

"El señor Scarel es una especie de ilusionista. Nos muestra cosas que parecen ser otra cosa", enfatizó Moreno. Y citó otro hecho para argumentar que el contador radicado en Avellaneda incurrió en el delito de falsedad ideológica: "En charla con un abogado, Sergio Pavicich, le pregunta cómo hacer para blanquear 200 mil dólares que tenía su hijo en una caja fuerte. Su hijo tenía una franquicia de la inmobiliaria Re Max. Una lástima que no nos hayan dejado sumar esta imputación hoy", lamentó Moreno.

El incidente que refiere involucra al ex director de la Afip Santa Fe, Carlos Vaudagna, quien aceptó declarar que eran suyos unos 200.000 dólares que aparecieron en una caja de seguridad del hijo de Omar Scarel. El problema fue que ese dinero era de Scarel Jr y no tenía cómo justificar su origen. Parece que Vaudagna sí, y se metió en problemas. El ex funcionario quedó imputado de falsedad ideológica, y la semana pasada zafó de ir a juicio a cambio de una caución de 1 millón de pesos.

El trámite de la audiencia en el Centro de Justicia Penal se puso picante por momentos. 

Cuando Scarel tomó la palabra, negó que haya tenido intención dolosa y naturalizó lo actuado.

"El juez de concurso (el cuestionado Lorenzini) había habilitado la realización de mesas técnicas con los acreedores. En una de esas negociaciones surgió la posibilidad de hacer una transferencia y un pago anticipado por las acciones de Renova. Sabíamos que había restricciones y cautelares, tanto del BCRA como de la Aduana", concedió Scarel. "En marzo los accionistas, y antes el directorio, habían aprobado la propuesta que es conocida por los acreedores desde febrero.  Nosotros nos comprometimos con el juez Lorenzini a presentar una propuesta definida el 30 de abril y nos dio una prórroga hasta el 22 junio", expuso. 

"El 28 de abril firmamos los contratos para despejar toda duda sobre una eventual maniobra. Y la asamblea de accionistas la va a tratar el 15 de junio, que sería la propuesta de pago en el concurso de Vicentin", señaló. "El juez va a autorizarla sólo si se levantan las restricciones y cautelares vigentes. Si el juez homologa, entonces se podría cumplir el traspaso de acciones y contratos", culminó.  

Luego de un cuarto intermedio, Narvaja presentó al tribunal la propuesta de pago que Scarel firmó para los acreedores el 29 de abril. La definió como "el borrador de escritura" de Renova en favor de Viterra, es decir, fuera ya del control de la concursada Vicentin.  

"Le revelamos a Su Señoría cómo era el truco del prestidigitador (Scarel). Porque el modo en el que se hizo la redacción de la oferta de compra por las acciones de Renova, se hizo para hacer parecer que integra el convenio marco. Y no fue sin intención", develó el fiscal. 

"Lo que manifiesta Scarel no es correcto. Porque habían hecho una oferta concursal en febrero, que el juez Lorenzini indicó que debían mejorar. ¿Y qué decía el juez? Que los inversores que aparecieran, tenían que mostrar documentos vinculantes. Pero no que se vincule a Vicentín, porque si no es dar de nuevo las cosas vuelta. Acá lo que se hizo fue una compra venta que se pretendió mostrar como una transferencia de acciones", afirmó Narvaja.