El Gobierno nacional aceptó este lunes la renuncia del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, quien enfrenta varias acusaciones por vínculos con el narcotráfico y manejo irregular de causas sensibles. La decisión se formalizará este martes a través de un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Con esta maniobra, el magistrado evita el juicio político y podrá acceder a su jubilación, pese a los cargos en su contra.

Bailaque había presentado su renuncia el pasado 10 de junio, pocos días antes de que venciera el plazo para su descargo en el Consejo de la Magistratura, donde se evaluaban tres expedientes en su contra. Aunque finalmente envió un escrito de defensa, la salida anticipada lo excluye del proceso disciplinario y conserva los beneficios previsionales, gracias a su paso previo por el juzgado de Caleta Olivia.

El magistrado cuenta con una orden de prisión preventiva dictada en abril por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz. Sin embargo, esa medida no se hizo efectiva debido a los fueros que lo protegían en su cargo. Ahora, resta saber si se ejecutará esa resolución o si podrá cumplir la prisión en su domicilio.

El 19 de junio, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura había aprobado por unanimidad suspenderlo de manera preventiva. Aunque no se había fijado fecha para tratar su remoción en el plenario, todo indicaba que el avance del juicio político era inminente. La renuncia dejó sin efecto ese proceso.

Las denuncias contra Bailaque son graves. Se lo acusa de haber favorecido al narcotraficante Esteban Alvarado, de encubrir una supuesta extorsión al empresario Claudio Iglesias y de no apartarse de una causa vinculada con el desvío de fondos públicos hacia una mutual privada. En todos los casos, según los informes judiciales, el juez habría tenido relaciones personales o funcionales que le impedían intervenir con imparcialidad.