El Juzgado Federal N°1 de Salta y el N°3 de Rosario dictaron sendas resoluciones en las que disponen el procesamiento con prisión preventiva y embargos para cuatro hombres acusados de integrar una organización narcocriminal -con actividad en Salta, Córdoba y Santa Fe- que ingresaba droga a la Argentina en avioneta desde Paraguay y Bolivia.

Las medidas dictadas por los dos juzgados son consecuencia de investigaciones coordinadas que llevaron el 8 de marzo pasado a las detenciones de las cuatro personas en el marco de 14 allanamientos llevados a cabo en Santa Fe y Córdoba por orden del juez federal rosarino Carlos Vera Barros.

Este magistrado dictó el 7 de abril el procesamiento con prisión preventiva de FGP, GAR y CMR relacionados con la distribución de drogas hacia puntos de venta en la ciudad de Rosario. A los dos primeros los consideró coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la participación de tres o más personas y les trabó embargo por 3 millones de pesos a cada uno, mientras que al tercero lo procesó por el mismo delito pero sin el agravante y le embargó sus bienes por 315 mil pesos. En aquellos procedimientos se habían secuestrado en su poder 9,5 kilos de marihuana y se logró vincular a estas personas con otras dos causas en las que se había investigado la venta de drogas por parte de grupos que se proveían de los imputados.

En tanto, el juez federal salteño Julio Bavio dispuso el procesamiento de FGP e IQ por su participación el 24 de septiembre de 2020 en una operación de tráfico de 389 kilos de cocaína. Los consideró coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes y les trabó embargos. Otras personas que participaron de estas maniobras fueron recientemente condenadas a penas de hasta 12 años de prisión.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, la organización criminal tenía especial asiento en la ciudad de Ibarlucea, donde en enero pasado fueron perpetrados los homicidios de un presunto integrante, de su pareja y de su hija, que motivaron una investigación del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, a cargo del fiscal Gastón Avila. A partir de eso, el equipo federal a su vez formó un Equipo Conjunto de Investigación con los fiscales provinciales del MPA.

El 8 de marzo pasado, los tres sujetos ahora procesados en la justicia rosarina, FGP, GAR y CMR, fueron detenidos con 19 envoltorios envasados al vacío con marihuana con un peso total de 9,5 kilogramos. No obstante, los fiscales habían reunido evidencia sobre su participación en una organización a la que el 24 de septiembre de 2020 le secuestraron 389 kilos de cocaína en el marco de un seguimiento que culminó con la detención de una camioneta en el Paraje Paraíso, en el norte de la provincia de Buenos Aires, que había salido de uno de los domicilios recientemente allanados en Ibarlucea donde -según los elementos recogidos- operaba FGP. La intervención en ese momento permitió desbaratar la operación de tráfico ilícito. El secuestro y peritaje posterior del teléfono de una de las personas imputadas permitió luego a los fiscales federales reconstruir el alcance de la organización y su integración.

Así, del estudio de esos elementos y del cruce de tres investigaciones, los fiscales concluyeron que la organización tenía un servicio de "taxi" para el traslado de cargamentos de hasta 400 kilos de cocaína en avioneta desde Paraguay y Bolivia, por lo cual cobraba montos de unos 300 mil dólares por cada viaje, y no cobraba un adelanto si conocía y mantenía confianza con quien la contrataba.

En efecto, Adelaida Castillo -quien fue detenida en 2020 y recientemente condenada a 12 años de prisión-, cuyo teléfono permitió profundizar la investigación, venía siendo investigada por el fuero federal de Salta por sus estrechos vínculos con el denominado clan Loza y actividades ligadas al tráfico de estupefacientes. Uno de los integrantes de esa organización, Valdemar Loza, fue condenado junto a otras personas en 2019 por el tráfico de más de una tonelada de cocaína.

La investigación permitió concluir que habría dos grupos en Argentina que se asociaban para garantizar la logística y coordinación para el tráfico y exportación de estupefacientes y para el blanqueo del dinero obtenido de forma ilícita, que a su vez tienen vínculo con la organización criminal brasileña conocida como Primer Comando Capital (PCC). De acuerdo con el procesamiento dictado por el juez Vera Barros, esas conclusiones tienen información aportada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, la Policía Federal de Brasil y el Servicio Nacional de Investigación Criminal de la Policía de Mozambique (SERNIC) y coincide con elementos obtenidos en la investigación realizada por los fiscales federales en Argentina.

En este contexto, el juez Vera Barros valoró que FGP -sobre cuya conexión con ese grupo está documentada en la causa- "resultó ser un actor fundamental en la distribución de sustancias estupefacientes a diferentes organizaciones criminales que operaban" en Rosario entre 2020 y 2021. Y que FGP, encargado de la logística para el acopio de estupefacientes, tenía entre sus principales colaboradores a GAR y a quien fue asesinado en enero pasado junto a su mujer y su hija. Según la resolución, GAR y otros sindicados traficantes "se abastecían de sustancias estupefacientes en el domicilio de FGP ubicado en Ibarlucea, para luego dirigirse a los diferentes puntos de acopio y venta de droga ubicados en Rosario".

El equipo de fiscales federales que investiga e imputó a estas cuatro personas -en el marco de un caso que tiene a otros imputados detenidos y a otras personas que se encuentran prófugas y están siendo investigadas- fue conformado por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal. Lo integran la fiscal federal de Rosario, Adriana Saccone; el fiscal coordinador del Distrito Salta, Eduardo Villalba; y el fiscal federal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias. También participa de la investigación el fiscal federal de Rosario Javier Arzubi Calvo. A su vez, los fiscales conformaron un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.