Dijeron que la reunión de este lunes estaba programada de antemano a los allanamientos del viernes en la sede de Gobierno en Rosario, cuando el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación secuestró celulares y computadoras de funcionarios del Ministerio de Seguridad, y causó una catarata de renuncias. Sin embargo, los diputados socialistas y radicales que se juntaron con el fiscal general Jorge Baclini y la fiscal regional María Eugenia Iribarren se encargaron de convocar a los medios y armar luego una rueda de prensa para brindar apoyo explícito a la investigación contra Marcelo Sain por presunto espionaje a opositores, empresarios y periodistas.

Con Baclini e Iribarren, se reunieron Maximiliano Pullaro, Joaquín Blanco, Lionella Catalini y otros en la Defensoría del Pueblo. 

Sobre lo acontecido el viernes, el ex ministro de Seguridad durante el gobierno de Miguel Lifschitz sostuvo que esas carpetas (de seguimiento y escuchas telefónicas) “eran las que tenía armadas Sain” y que en ellas no “había sólo políticos, también periodistas, fiscales y empresarios” lo que configura para el diputado radical “una empresa criminal de la extorsión y la inteligencia ilegal”.

“Es algo que se llevó adelante en las dictaduras latinoamericanas de los años '70. Esto pasaba, supuestamente digo, porque en realidad es lo que he leído como cualquiera de ustedes, lo que se publicó en los medios durante el fin de semana", explicó el diputado radical.

Para Pullaro, “el equipo de trabajo de Sain se dedicó a carpetear y a espiar, en lugar de trabajar con los problemas que tenía la agenda de seguridad. Hasta el viernes, el Ministerio estaba tabicado. Lagna no controlaba las investigaciones que se realizaban, ni lo que pasaba debajo suyo".

En ese sentido le pidió al mismísimo gobernador Omar Perotti que “de una vez por todas confíe  en sus funcionarios” y que sea Jorge Lagna, actual encargado del área, quien designe a sus colaboradores y que este “ponga el jefe de la policía, el secretario de seguridad pública, el responsable de las investigaciones”.

Pullaro y Blanco tomaron el compromiso de "re analizar" el régimen disciplinario –en manos de la Legislatura– de sancionar a fiscales por presunto mal desempeño, tal la polémica atribución que se tomó el Poder Legislativo a través de la Comisión de Acuerdos que intervino en asuntos del Poder Judicial como si fuera un tribunal.

Como ejemplo para pegarle a la gestión Perotti, Pullaro utilizó la balacera a El Establo y el carrito de comidas Jorgito. Sostuvo que esa noche “había 33 móviles para prevenir el delito en toda la ciudad de Rosario”. Y aprovechó para vanagloriase como funcionario: “Cuando yo era ministro y Lifschitz el gobernador, había 180 móviles en calle, con pico de 220 en algunos horarios. El otro día había siete personas para monitorear todas las cámaras de seguridad y cuando yo estaba, había 70. Eso es conducción política de las fuerzas de seguridad. Yo confío en Lagna, tiene claras cuáles son las prioridades. El gobernador debe darle todo el poder".

"A los datos los leí en los medios de comunicación. Me llamó la atención que haya caído tanto el aspecto preventivo de la policía. La Unidad Regional tiene 7 mil personas. Ese día en la calle, estaba el uno por ciento. Ahí tenés la respuesta de por qué no hubo prevención, pero además por qué no se persiguió ni se detuvo a nadie. Las organizaciones criminales se pueden plantear un objetivo y atacar, pero después no hubo irradiación a los móviles para perseguir, porque tenés una policía que está de brazos cruzados", acotó el ahora legislador.

Por su parte, el fiscal general Baclini dijo tras la participación de los legisladores, que como es una investigación que está en curso, “no hicieron alusión a lo particular, porque está todavía en una etapa secreta". 

Y agregó: "Lo único que tenemos para decir es que la investigación está en curso y está consolidada. Que cada uno podrá tener su opinión personal y en su momento los fiscales mostrarán la evidencia con la que cuentan. Nuestra idea es que no existan privilegios. Los fiscales cumplieron con la ley”.

Asimismo, definió el término "espionaje ilegal" como “la forma vulgar de conocer la infracción a la Ley Nacional de Inteligencia”. 

Pullaro sí respaldó la autonomía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ante cualquier condicionamiento que se le quiera dar. “Por eso, cualquier alocución que se haga, es desacertada. Lo que más nos fortalece como institución es la investigación. Por eso ahora, la investigación deberá demostrar qué es lo que tiene”, agregó y remarcó que tanto Matías Edery como Luis Schiappa Pietra, fiscales con casusas sensibles, “cuentan con todo su respaldo”.

Estos mismos fiscales, vale decirlo, son quienes chocaron con la negativa de la misma corporación parlamentaria cuando solicitaron el desafuero del senador Armando Traferri para poder imputarlo en la megacausa sobre juego clandestino.