"Por más que lo nieguen desde los distintos discursos oficialistas, los nichos de corrupción de la policía provincial y los del servicio penitenciario siguen existiendo. Son los sótanos de la democracia provincial", sostuvo con dureza el diputado provincial Carlos Del Frade luego de conocerse que armas encontradas esta semana en un allanamiento que se hizo en un aguantadero en Empalme Graneros, eran pistolas que deberían haber estado bajo custodia de la Policía provincial. 

Para Del Frade, estos "nichos de corrupción" de la policía y el servicio penitenciario son los lugares estatales "que permiten el crecimiento y desarrollo de dos grandes negocios del capitalismo como son el narcotráfico y el contrabando de armas y municiones".

El diputado sostuvo en ese sentido que de la misma manera que se denuncia la connivencia política y estatal con la delincuencia, es de ahí también que debe salir la solución al problema de violencia que azota a la ciudad y la provincia. "La eliminación de esos nichos solamente será posible desde la construcción de una fuerza multipartidaria que tenga la fuerza suficiente para sacar a quienes garantizan zonas liberadas", remarcó. 

Este viernes por la mañana se conoció un allanamiento en la Oficina de Balística de la Agencia de Investigación Criminal, en la Unidad Regional II, tras verificar que parte de las armas encontradas esta semana en un allanamiento que se hizo en un aguantadero en Empalme Graneros, eran pistolas que deberían haber estado bajo custodia de esa dependencia.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó intervención de un juez y así se decidió el procedimiento, con la firma de los fiscales Luis Schiappa Pietra, Matías Edery y David Carizza, más la de un magistrado: Héctor Nuñez Cartelle. 

La investigación fue iniciada por Carizza y determinó que varias de las 11 armas de fuego que habían sido secuestradas en Garzón al 900 bis, en la zona de Empalme Graneros, habían salido de Balística, una oficina situada dentro de la Jefatura de la URII, en Ovidio Lagos al 5200.

Es la segunda vez que una situación así se descubre en poco tiempo. A principios de marzo, saltó lo mismo con armas que debían estar bajo custodia de la Oficina de Gestión Judicial. Eran cuatro pistolas semi automáticas que estaban secuestradas como elemento de prueba en un juicio por homicidio. Advirtieron la falta tres meses después, cuando una apareció en poder de delincuentes.

El miércoles pasado, la Brigada de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), del Ministerio de Seguridad Provincial, realizó un allanamiento en Garzón al 900 bis de Rosario (barrio Empalme Graneros) y como resultado logró secuestrar un arsenal de armas que se utilizarían para distintos hechos violentos de la ciudad y que, se sabe ahora, debían estar bajo custodia policial. Por el hecho quedaron demoradas dos personas: un hombre, Omar L. G., de 20 años y una mujer, su madre, María de Los Angeles A., de 45 años.