La Justicia argentina sentó un precedente clave al considerar delito la creación y distribución de imágenes de abuso sexual infantil generadas con Inteligencia Artificial. La Cámara de Apelaciones de Zárate-Campana resolvió que el artículo 128 del Código Penal también abarca las representaciones digitales de menores en situaciones sexuales, aun cuando no existan víctimas reales identificables. La decisión llega en un momento de creciente preocupación por los vacíos legales frente a los avances tecnológicos.

El caso juzgado involucra a un hombre acusado de distribuir contenido pedófilo generado por medios digitales. Su defensa argumentó que no había víctimas concretas y que las imágenes podrían haber sido creadas con IA o CGI. Sin embargo, los jueces Mariano Magaz, Humberto Bottini y María Pía Leiro rechazaron esa posición y remarcaron que la ley contempla como delito cualquier "representación" explícita de abuso, sin importar cómo fue generada.

El fallo también se apoya en la interpretación de la jueza de Garantías Graciela Cione, quien sostuvo que una observación simple del material permitía identificar figuras de niños y niñas de entre 3 y 13 años. La resolución advirtió, además, sobre el riesgo social de permitir este tipo de contenidos: su circulación, incluso si son artificiales, podría contribuir a “normalizar la pedofilia” y socavar la protección de la infancia.

La Cámara también valoró los metadatos de los archivos —como fechas de creación, modificación y ubicación— como pruebas relevantes, y dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas periciales en el juicio oral. La clave, según el fallo, está en comprender que el daño de este tipo de material es real, aun cuando no esté vinculado a menores concretos.

Especialistas en derecho digital celebraron la decisión judicial pero advirtieron sobre la urgencia de actualizar el Código Penal. “Estas imágenes suelen partir de fotos reales y constituyen una grave violación a la privacidad de los menores”, afirmó Daniel Monastersky, de la Universidad Austral. Para el experto, lo resuelto por la Justicia marca un avance, pero la legislación aún debe adaptarse a los desafíos del entorno digital.