El juez penal NIcolás Falkenberg condenó a tres años de prisión efectiva al corredor inmobiliario Agustín Storni, de 45 años, y lo inhabilitó para ejercer como tal por otros 10. Eso, más una multa de 6,9 millones de pesos como reparación del daño causado a las víctimas y hacer una donación a una entidad de bien público. 

La fiscal a cargo de la investigación en Santa Fe, Bárbara Ilera, valoró que “los querellantes expresaron que están de acuerdo con lo dispuesto” y remarcó que “la inhabilitación profesional impuesta a Storni fue especialmente valorada por las víctimas”. En el marco del legajo, ya habían sido condenados dos integrantes del grupo delictivo y hay otras cuatro personas imputadas, entre quienes están dos abogados sindicados como organizadores.

La trama es la de una asociación ilícita entre varias personas, destinada a cometer estafas vinculadas a la venta de terrenos en la ciudad de Santa Fe y alrededores.

Storni deberá cumplir una pena a tres años de prisión de ejecución efectiva y no podrá ejercer su profesión por 10 años. Además, tendrá que hacer una reparación económica de 6.900.000 pesos que se repartirán entre 12 víctimas, así como donar 100.000 pesos a una entidad de bien público.

La fiscal recordó que “a fines del año pasado, ya habían sido condenados otros dos miembros de la asociación ilícita, Emiliano Lihuel Chacón y Diego Marcelo Parisse”, y explicó que “el legajo continúa abierto en relación a otras cuatro personas imputadas que están en prisión preventiva”. Al respecto, mencionó que “entre ellas hay dos abogados a los que se les atribuyó haber tenido el rol de organizadores, uno de los cuáles es hermano de Storni”.

Ilera afirmó que “el corredor inmobiliario que fue condenado integró una asociación ilícita permanente, estable y organizada entre 2014 y el año pasado”, y aclaró que “en ese período, el grupo tuvo diferentes conformaciones pero mantuvo el modus operandi”. Especificó que “las personas involucradas realizaban maniobras para darle apariencia legal a la venta de terrenos ajenos que no estaban autorizadas a ofertar, publicitar ni transferir”.

La representante del MPA afirmó que “Storni, Chacón, Parisse y los cuatro imputados engañaron a numerosas personas interesadas en adquirir lotes ubicados en las ciudades de Santa Fe –tanto en la zona urbana como en Colastiné Norte–, Santo Tomé y Sauce Viejo, y en la comuna de Arroyo Leyes”.

“Los integrantes de la asociación ilícita falsificaban boletos de compraventa y cesiones de derechos e insertaban declaraciones falsas en instrumentos privados y públicos, como otorgamiento de poderes”, sostuvo la fiscal. “Incluso contaban con formularios y sellos apócrifos de organismos oficiales", apuntó. “Para captar clientes y darle verosimilitud a los negocios ilícitos, utilizaron una agencia inmobiliaria provista por Storni”, destacó.

Asimismo, puntualizó que “las víctimas eran convocadas a domicilios de la capital provincial en los que los integrantes de las asociaciones ilícitas tenían sedes comerciales: Seguí al 1.700; 4 de Enero al 1.000; boulevard Pellegrini al 2.800; Juan de Garay al 2.900; 9 de Julio al 1.200; Hipólito Irigoyen al 2.900, y una torre ubicada en la zona del Dique 2 del puerto”. Todos de la capital provincial.

“Una vez que los interesados accedían a comprar un terreno, los abogados imputados presentaban la documentación falsificada en los Juzgados Civiles y Comerciales de la ciudad de Santa Fe, con el fin de iniciar juicios ordinarios o de escrituración”, relató Ilera. “Así, lograron defraudar a diferentes magistrados que emitieron sentencias que revistieron de legalidad los hechos delictivos”, subrayó.

La representante del MPA detalló que “si bien Storni participó de 10 estafas, se estima que la asociación ilícita cometió más de 100”. En relación a ello, resaltó que “las víctimas entregaron dinero en moneda nacional y extranjera, así como automóviles, camionetas y motocicletas, como parte de pago de lotes que finalmente no obtuvieron”.

Delitos

Storni reconoció su responsabilidad penal como miembro de una asociación ilícita; coautor y partícipe principal de estafa; coautor de estafa procesal –tanto consumada como en grado de tentativa–; coautor de falsificación de documento privado, así como de falsificación de sellos oficiales y timbrados.

En la audiencia, el condenado y su abogado defensor aceptaron la calificación penal de los hechos propuesta por la Fiscalía, la pena impuesta y la modalidad elegida para desarrollar el juicio.