Lucía Bellizzi, una agente de 31 años de la Brigada Motorizada, fue condenada a tres años de prisión condicional y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos en fuerzas de seguridad, en el marco de un procedimiento abreviado homologado por el juez Alejandro Negroni.

La mujer fue hallada culpable de una serie de delitos graves vinculados al ejercicio de su función tales como cohecho, falsedad ideológica, privación ilegítima de la libertad y omisión de deberes públicos.

La investigación fue impulsada por el fiscal Federico Rébola, quien logró probar que Bellizzi integró un entramado de corrupción dentro de la fuerza junto a otros agentes.

Coima millonaria 

El hecho más significativo que se le imputa ocurrió el 22 de noviembre de 2024, cuando Bellizzi y otros integrantes de la Brigada Motorizada interceptaron a dos personas que trasladaban armas de fuego sin autorización legal. En lugar de detenerlos formalmente, los policías pactaron con uno de ellos el pago de dos millones de pesos para liberarlos sin dejar constancia oficial. Luego, falsificaron el acta de procedimiento, omitiendo la presencia de uno de los sospechosos, el verdadero número de armas incautadas y simulando una versión falsa del operativo.

Uso de información narco y extorsiones

Según reveló la fiscalía, los policías actuaron con información provista por una persona sindicada por comercializar estupefacientes en el barrio Parque Casas, a quien incluso le brindaban custodia en su domicilio. Gracias a ese vínculo, obtuvieron datos sobre un supuesto vendedor de armas y planificaron un operativo ilegal con fines extorsivos.

Uno de los agentes incluso se comunicó con el liberado tras el pago de la coima para exigirle, días más tarde, veinte millones de pesos más, bajo amenaza de implicarlo judicialmente si no cumplía con el pedido.

Privación ilegal y armado de causas

En enero de este año, Bellizzi también participó en otro operativo irregular donde se privó ilegítimamente de la libertad a un hombre de 31 años y a una mujer de 72. En el procedimiento, simularon haber secuestrado droga y manipularon pruebas para inducir a una fiscal a que ordenara la detención de las víctimas. Ambos estuvieron presos durante 17 días, hasta que finalmente recuperaron su libertad por falta de pruebas.