El exfiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Fernando Rodrigo, fue condenado este lunes a tres años de prisión condicional y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por haber utilizado recursos del Estado para interceptar ilegalmente comunicaciones de su exnovia y allegados.

La sentencia fue dictada por el juez de Primera Instancia Gonzalo Fernández Bussy, quien homologó el procedimiento abreviado acordado entre la Fiscalía y la defensa del acusado. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Natalia Benvenuto, del Equipo Fiscal de Violencia de Género.

Según la acusación, entre junio y agosto de 2017, Rodrigo confeccionó cinco pedidos de intervención telefónica sobre doce líneas, alegando falsamente que se trataba de investigaciones penales en curso. Sin embargo, las líneas no estaban vinculadas con ninguna causa judicial y pertenecían a personas allegadas, incluida su expareja, a quien quiso espiar violando su derecho a la intimidad.

Para concretar la maniobra, el exfuncionario judicial firmó resoluciones falsas, obtuvo autorizaciones judiciales y logró que organismos oficiales -primero DICOM y luego DAJUDECO- realizaran las intervenciones, generando informes y CDs con información confidencial que él mismo o terceros retiraban. Rodrigo accedía luego a ese contenido digital desde dispositivos informáticos.

Los delitos por los que fue condenado son: peculado de trabajo y servicios públicos, falsedad ideológica y uso indebido de documento público, todo agravado por su calidad de funcionario público.

Además deberá cumplir con una serie de reglas de conducta por tres años tales como fijar residencia y no mudarse sin autorización, someterse al control de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, prohibición total de portar armas de fuego y acreditar trimestralmente un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico.